TRABAJADORES DE LA VICARÍA DE LA SOLIDARIDAD – NUESTRO RECONOCIMIENTO U.P.T.


El más duro rival de Pinochet cierra sus puertas

El más duro rival de Pinochet cierra sus puertas

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Durante 16 años, la Vicaría de la Solidaridad se convirtió en refugio de los perseguidos por la dictadura militar. Una tarea en la que debió sortear varias crisis, como la salida de su fundador, el cardenal Raúl Silva Henríquez, y el brutal asesinato de uno de sus funcionarios. Solo un hecho logró cerrar sus oficinas frente a la Plaza de Armas: la llegada de la democracia. A pesar de lo que sus funcionarios esperaban, pasarían años para que viniera la hora de comenzar a hacer justicia.

Por Andrea Lagos

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A fines de 1992, nadie ocupa las bancas de madera del Palacio Arzobispal, la sede del Arzobispado de Santiago construida en 1851 y ubicada frente a la Plaza de Armas de la capital. En su patio interior, ya no se ven niños jugando a la pelota, mientras sus madres piden ayuda para ubicar a sus maridos detenidos o hechos desaparecer. Tampoco hay abogados preparando recursos de amparo, asistentes sociales prestando ayuda, ni médicos atendiendo heridos. Lo único que se ve son hombres que trasladan cajas y desocupan las viejas oficinas.

La mudanza consiste en 83 camionadas con archivos, muebles, papelería y enseres que salen del edificio que albergó por 16 años a la Vicaría de la Solidaridad, el organismo eclesiástico fundado en 1976 por el cardenal Raúl Silva Henríquez, para ir en ayuda de las víctimas y perseguidos por la dictadura de Augusto Pinochet. Hasta hace poco en sus oficinas trabajaron más de 150 personas en cinco mil metros cuadrados que se dividían entre el segundo y tercer piso del Palacio Arzobispal, vecino a la Catedral de Santiago. Llegaron a estar hacinados. Hubo que construir altillos de madera aprovechando la doble altura de los cielos.

Durante los años en que funcionó, ninguna otra entidad logró sacar de sus casillas al régimen militar como la Vicaría. En los días del poder total, con los partidos de izquierda diezmados por la represión y con un Poder Judicial amilanado por los militares, fue el único refugio de los oprimidos al que la DINA no podía golpear. La Vicaría fue, literalmente, el asilo contra la opresión.
En los ‘80, Pinochet logró sacarse de encima a Silva Henríquez, gracias a la ayuda del nuncio Angelo Sodano. Pero un nuevo arzobispo, el cardenal Juan Francisco Fresno, se convenció de que el organismo debía seguir con su tarea. El asesinato de uno de sus funcionarios en el Caso Degollados, el sociólogo comunista José Manuel Parada, tampoco detuvo la labor del organismo.

Los pasillos de la sede de la Vicaría de la Solidaridad en el Palacio Arzobispal. memoriachilena.cl

Los pasillos de la sede de la Vicaría de la Solidaridad en el Palacio Arzobispal. memoriachilena.cl

“La voz de los sin voz”
A partir del mismo 11 de septiembre de 1973, el cardenal Raúl Silva Henríquez, secundado por la cúpula de los obispos chilenos, se transformó en “la voz de los sin voz”, frente a una dictadura que clausuró el Congreso, proscribió los partidos y sindicatos y que persiguió de manera implacable a quienes apoyaron al gobierno de Salvador Allende.

Ese mismo año el cardenal fundó el Comité de Cooperación por la Paz, para dar asistencia legal y social a todas las personas que estaban siendo detenidas y asesinadas y a cualquiera que se sintiera sin protección. El Comité Pro Paz era una organización ecuménica, en la que participaban la Iglesia Católica, Luterana, Metodista, Presbiteriana, Bautista, Ortodoxa y el Gran Rabino de la Comunidad Israelita de Chile.

El cardenal se vio obligado a disolver el Comité en diciembre de 1975, cuando Pinochet se lo exigió, luego de un enfrentamiento en Malloco entre agentes de la DINA y el MIR. Los miristas que sobrevivieron se cobijaron en distintas parroquias y en la Nunciatura Apostólica. Este incidente le dio motivos al régimen para acabar con el Comité.

El cardenal Raúl Silva Henríquez desafió al general Augusto Pinochet al fundar la Vicaría de la Solidaridad. Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

El cardenal Raúl Silva Henríquez desafió al general Augusto Pinochet al fundar la Vicaría de la Solidaridad.
Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Sin perder tiempo, el 1º de enero de 1976 Silva Henríquez formó la Vicaría de la Solidaridad, dependiente del Arzobispado de Santiago y bajo su directa protección. Las otras Iglesias, a diferencia de la Católica, tenían inferior rango ante la ley y sus instituciones en pro de los derechos humanos podían ser fácilmente proscritas. La Iglesia Católica, en cambio, era una corporación de derecho público. A pesar a la irritación de Pinochet, la Vicaría de la Solidaridad no podía ser disuelta por decreto.

El enojo del general fue mayúsculo. Ordenó invitar a Silva Henríquez a su despacho. Así describe el agrio diálogo el libro La historia oculta del régimen militar, de los periodistas Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda:

– ¡O sea que otra vez vamos a empezar con la misma! ¡Parece que la Iglesia no quiere entender, oiga!

El cardenal subió brúscamente el tono.

– ¡Ustedes no pueden impedir la Vicaría! ¡Y si tratan de hacerlo yo voy a poner a los refugiados debajo de mi cama, si es necesario!

Se acaba el adjetivo “presuntos”
En diciembre de 1978 se produjo el conmovedor hallazgo de osamentas humanas en los hornos de Lonquén, una zona campesina a pocos kilómetros al sur de Santiago. Un anciano del lugar acudió a la Vicaría para dar cuenta de lo que había encontrado. Los restos pertenecían a 15 detenidos desaparecidos.

Silva Henríquez decidió esperar cerca de un mes para hacer la denuncia ante la justicia civil. Prefirió aguardar a que terminase un simposio mundial que había organizado la Iglesia y que se celebraba en Santiago, para conmemorar el Año Internacional por los Derechos Humanos. De este modo, el régimen no lo culparía de instrumentalizar este hallazgo ante los visitantes extranjeros. Mientras tanto, la Vicaría temía que esta fosa con desaparecidos fuera saqueada por agentes del régimen. Como prueba, sus funcionarios pusieron en una caja un cráneo y otros huesos de Lonquén y los guardaron en las oficinas frente a la Plaza de Armas. Los pocos que sabían de su existencia preferían ni recordar que partes de cuerpos de varios desaparecidos estaban allí, mientras sus familiares llevaban años buscándolos.

La noticia de Lonquén fue la primera prueba de la existencia de los detenidos desaparecidos, que hasta entonces el régimen militar se empeñaba en desmentir. Hasta ese momento la prensa cercana al régimen se refería a los desaparecidos anteponiendo el adjetivo “presuntos”.

Quince cadáveres fueron encontrados en 1978 en los hornos de Lonquén: todos eran de detenidos desaparecidos, cuya existencia hasta ese momento era negada. Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Quince cadáveres fueron encontrados en 1978 en los hornos de Lonquén: todos eran de detenidos desaparecidos, cuya existencia hasta ese momento era negada.
Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Ya en esos días la Vicaría se había convertido en una organización demasiado importante. Era un verdadero ministerio. Aparte del Departamento Jurídico con los abogados que llevaban los casos judiciales, estaban los asistentes sociales; el centro de documentación y archivo, que llegó a tener información de 45 mil chilenos que denunciaron atropellos; el departamento laboral; el departamento campesino; los comedores infantiles; la unidad de salud; el departamento de información y análisis; la revista Solidaridad; y la fundación de apoyo a los artesanos, entre otras dependencias.

Los fondos para mantener este gran buque provenían del Consejo Mundial de Iglesias, de otras Conferencias Episcopales y de fundaciones alemanas, inglesas, holandesas y belgas.

En la Iglesia algunas voces opinaban que la Vicaría había crecido en exceso y que podia salirse del control de la jerarquía. Su primer vicario, Cristián Precht, se convirtió en blanco de las críticas y su permanencia se hizo insostenible. El cardenal Silva Henríquez quería cuidar a Precht para que pudiese llegar a obispo y no teñir su trayectoria con el trabajo en derechos humanos. En ese tiempo, decir Vicaría de la Solidaridad era decir Cristián Precht, quien estaba dispuesto a no ser obispo con tal de continuar. El cardenal, sin embargo, lo sacó. En su reemplazo puso como vicario al sacerdote Juan de Castro. Décadas después, Precht llegaría a ser obispo auxiliar, pero su carrera sacerdotal se vería seriamente dañada luego de que se presentaran denuncias de abuso sexual en su contra y en 2012 El Vaticano lo sancionara por “conductas abusivas” con mayores y menores de edad, suspendiendo por cinco años el ejercicio público de su ministerio sacerdotal.

El sacerdote Cristián Precht lideró la Vicaría desde su fundación hasta marzo de 1979, cuando fue reemplazado por el sacerdote Juan de Castro (ambos en la foto). Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

El sacerdote Cristián Precht lideró la Vicaría desde su fundación hasta marzo de 1979, cuando fue reemplazado por el sacerdote Juan de Castro (ambos en la foto).
Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

“Esto tiene que seguir”
En 1978 el arzobispo de Cracovia, cardenal Karol Wojtyla, fue entronizado como Papa. Su país, Polonia, llevaba décadas bajo la órbita soviética y era dirigido por un régimen comunista totalitario. Los católicos polacos eran perseguidos. Juan Pablo II, el nombre que eligió el nuevo Pontífice, estaba profundamente marcado por la lógica de la Guerra Fría. Era anticomunista y consideraba que la Iglesia Católica latinoamericana estaba demasiado influenciada por la izquierda y por experimentos como la Iglesia popular y la Teología de la Liberación.

Los vientos comenzaban a cambiar en Roma. Y eso repercutió en Santiago.

Un año antes de que Wojtyla fuese elegido Papa, en 1977, llegó a Chile un nuevo nuncio apostólico, el italiano Angelo Sodano. A diferencia de la jerarquía de la Iglesia chilena, Sodano era conservador, tuvo una cercana relación con Augusto Pinochet y jamás criticó públicamente las violaciones de los derechos humanos de su régimen de facto. Además, acabó entendiéndose a la perfección con Juan Pablo II.

En 1983 Silva Henríquez cumplió 75 años. Le correspondió entonces presentar su renuncia por razones de edad ante el Vaticano, que podía aceptarla o extender por un tiempo su labor pastoral. Juan Pablo II la admitió en tiempo record. En su reemplazo fue nombrado el entonces arzobispo de La Serena, Juan Francisco Fresno, de perfil más conservador. Cuando supo la noticia, la primera dama, Lucía Hiriart de Pinochet, exclamó públicamente: “Gracias señor, por fin escuchaste nuestras plegarias”.

El nombramiento de Juan Francisco Fresno como nuevo arzobispo de Santiago en reemplazo de Silva Henríquez fue celebrado por el régimen militar. No así en la Vicaría. Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

El nombramiento de Juan Francisco Fresno como nuevo arzobispo de Santiago en reemplazo de Silva Henríquez fue celebrado por el régimen militar. No así en la Vicaría.
Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Fresno era un pastor cercano al estilo del nuncio Sodano y a la Iglesia de Juan Pablo II. No venía a contradecir al régimen militar, ni a buscarse pleitos. Los propios funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad vieron su nombramiento como una mala señal.

“Angelo Sodano odiaba a la Vicaría”, recuerda Héctor Contreras, ex abogado del organismo eclesiástico. Contreras estaba seguro de que Fresno venía con el mandato vaticano de cerrarla en 1983.

Apenas asumió, el nuevo arzobispo recorrió todas las sedes de la Arquidiócesis de Santiago. Se demoró demasiado en visitar la Vicaría, a pesar de que estaba muy cerca de sus oficinas. Lo hizo por casualidad, al día siguiente de la primera gran protesta callejera contra el régimen en 1983. El espectáculo que vio adentro fue desolador. Estaba repleto de heridos por balines o lumazos, que esperaban ser atendidos en el policlínico. Las mujeres de los detenidos desaparecidos, al verlo, se le abalanzaron y, abrazándolo, le dieron las gracias por mantener abierta la Vicaría. Fresno caminó hacia la Secretaría Ejecutiva. Iba llorando. Y habló: “Yo quiero felicitarlos por lo que hacen. Esto tiene que seguir”.

Un “dossier” con fotografías
En reemplazo de Juan de Castro, Fresno nombró al frente de la Vicaría al jesuita Ignacio Gutiérrez, un español progresista que no tenía mucho que ver con la Iglesia despolitizada que se empujaba desde el Vaticano.

A poco andar, Ignacio Gutiérrez se enfrentó con el régimen militar y, con motivo de su viaje a Europa a visitar a los donantes de la Vicaría, Pinochet le prohibió el reingreso a Chile. La Iglesia reaccionó indignada y un personero de la jerarquía se reunió con un uniformado, emisario del general. Antes que comenzara el alegato, el militar le entregó un dossier con fotografías del vicario Gutiérrez, que probaban su relación con una amante, una mujer casada que, además, era su secretaria.

“Monseñor, le estamos haciendo un favor a su Iglesia”, dijo el uniformado. En la Vicaría sospechaban que Gutiérrez tenía algo con la funcionaria, pero nadie podía probarlo. La inteligencia del régimen, que hacía seguimientos de todos, pudo más. Para la Vicaría, lo que sucedió con Gutiérrez fue chocante. Se le reprochó haber puesto en entredicho la credibilidad y seriedad de la institución. En noviembre de 1984, Gutiérrez fue reemplazado por el sacerdote Santiago Tapia, quien tendría que enfrentar algunos de los episodios más complejos para la Vicaría. Tiempo más tarde, además, los jesuitas expulsaron a Gutierrez de la orden.

Ignacio Gutiérrez alcanzó no alcanzó a cumplir un año como vicario de la Solidaridad Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Ignacio Gutiérrez alcanzó no alcanzó a cumplir un año como vicario de la Solidaridad
Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

La amenaza de Sodano

A fines de 1984, el sacerdote Santiago Tapia reemplazó a Gutiérrez y estuvo a cargo de la Vicaría hasta mediados de 1987. Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad

A fines de 1984, el sacerdote Santiago Tapia reemplazó a Gutiérrez y estuvo a cargo de la Vicaría hasta mediados de 1987.
Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad

Los funcionarios de la Vicaría tenían claro que estaban en la mira de los aparatos represivos. Además de seguimientos, sufrían amenazas y eran hostigados diariamente. Sin embargo, sentían que sus vidas no corrían peligro, gracias a la protección de la Iglesia.

Esa sensación se acabó de golpe el 30 marzo de 1985, cuando dos hermanos campesinos encontraron en Quilicura tres cuerpos degollados. Correspondían a los profesionales comunistas Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada. Este último era jefe del departamento de Análisis de la Vicaría, a cargo de reunir y procesar la información sobre violaciones a los derechos humanos, así como de descubrir las estructuras y miembros de los aparatos represores de la dictadura, para cuando llegara la hora de hacer justicia.

“Nos creíamos intocables, que jamás nos sucedería nada porque trabajábamos para la Iglesia” ¿Qué estábamos pensando? El día que mataron a José Manuel Parada nos dimos cuenta, por primera vez, que éramos vulnerables”, dice el abogado Héctor Salazar, ex funcionario de la Vicaría.

“Éramos todos amigos, el día anterior habíamos estado viendo con José Manuel el caso de un arquitecto desaparecido y nunca más volvió”, recuerda el también abogado Héctor Contreras.

Nadie renunció a la Vicaría tras el cruento asesinato de Parada, Guerrero y Nattino. El hecho, sin embargo, marcó un antes y un después entre sus funcionarios.

Funeral de José Manuel Parada Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Funeral de José Manuel Parada
Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

En abril de 1987, dos años después del asesinato de Parada, el Papa Juan Pablo II llegó de visita a Chile, con el anhelo de reconciliar a los chilenos. A la comisión organizadora del viaje el nuncio Sodano le puso como condición que el Pontífice no visitase la Vicaría. “Si pisa la Vicaría, el Papa no viene”, fue la amenaza.

Se llegó a una solución intermedia, aprovechando la concurrencia del Papa a la Catedral Metropolitana, que conectaba a las oficinas de Vicaría a través de los patios interiores del Palacio Arzobispal de Santiago. Una vez que el Pontífice se retiró por el patio de la sacristía pudo saludar a los miembros de la Vicaría que esperaban su bendición. Sin embargo, las órdenes del nuncio fueron perentorias: nadie que estuviese en una situación marital irregular (divorciado o conviviendo sin haberse casado por la Iglesia) podría tocar al Pontífice. Varios funcionarios optaron por mirar de lejos. Otros, molestos, ni siquiera asistieron al encuentro.

El Papa Juan Pablo II saluda a Sola Sierra, quien lideró la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

El Papa Juan Pablo II saluda a Sola Sierra, quien lideró la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Una nueva etapa
El triunfo del “No” a Pinochet en el plebiscito de 1988 hizo evidente que el país ingresaba en una nueva etapa, en la que no era necesario una institución como la Vicaría. En diciembre de 1989 la recuperación de la democracia se vio confirmada con la elección del DC Patricio Aywin como Presidente. El primer gobernante elegido democráticamente en el país desde 1969, tendría la responsabilidad de conducir la difícil transición democrática y de entenderse con Pinochet, quien conservaría parte importante de su poder al mantenerse como comandante en jefe del Ejército.

En marzo de 1990, dos semanas después de la llegada de Patricio Aylwin al poder, a la cabeza de la Iglesia de Santiago fue designado como arzobispo el mercedario Carlos Oviedo. Más interesado en reforzar la moral católica que los derechos humanos, Oviedo decidió cerrar Vicaría de la Solidaridad y crear otra más acorde a sus intereses: la Vicaría de la Familia. Su lucha sería contra el “desenfreno sexual”, ante la urgencia por enrielar a una sociedad “libertina” y promotora de la “indecencia”. Sus metas: terminar con el debate por una Ley de Divorcio, hacer campañas de prevención de Sida guiadas por la moral católica, y oponerse al uso de la llamada píldora del día después.

En cuanto a los atropellos a los derechos humanos, para la Iglesia de Oviedo, “la reconciliación exigía olvido, desprendimiento y perdón”.

Monseñor Sergio Valech, el último vicario de la Solidaridad, con el arzobispo Carlos Oviedo. Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Monseñor Sergio Valech, el último vicario de la Solidaridad, con el arzobispo Carlos Oviedo.
Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

La asistente social María Luisa Sepúlveda era la secretaria ejecutiva de la Vicaría en ese entonces. A ella le tocó el apagar la luz y poner el candado a la puerta: “Antes del plebiscito existió una discusión interna sobre qué pasaría aquí si ganaba el No. No había unanimidad sobre qué había que hacer con la Vicaría. Los militares chilenos, con Pinochet al mando, pondrían más trabas que en otros países. Presumíamos que habría que olvidarse de juzgar a los victimarios”.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) funcionaba en una sala de la Vicaría. Unas doce mujeres llegaban a trabajar todos los días, de la mañana a la noche. Otras tantas iban a menudo. Quizá, tras un trámite judicial de algún abogado del organismo, se entregarían pistas para localizar el cadáver de algún ser querido o a un detenido. Eran más de mil los desaparecidos por el régimen. Menos del 10 por ciento había sido localizado en 1992.

Cuando se enteró que la Iglesia chilena planeaba cerrar la Vicaría, la AFDD se opuso. Se quedarían sin sede, y los abogados y las asistentes sociales de la institución ya no les prestarían servicios para encontrar a sus familiares. Desconfiaban, además, de Aylwin y de lo que estimaban como su “escasa sensibilidad” por los derechos humanos.

Para Viviana Díaz, hija del dirigente comunista Víctor Díaz, detenido y hecho desaparecer en 1976 por la DINA, llegar a la Vicaría cada mañana era una tranquilidad: “Sabías que adentro nadie te iba a tomar presa. Todos nos recibían bien, nos acogían. Las asistentes sociales tenían labores duras e incluso iban a reconocer con nosostras cuerpos a la morgue cuando los familiares cercanos no estaban en condiciones de hacerlo”.

Sin la Vicaría, sin el respaldo moral de la Iglesia, ellas se quedarían solas. La Agrupación intentó convencer al entonces vicario de la Solidaridad, Sergio Valech, de que frenara el cierre. Pero la decisión ya estaba tomada. Valech les dijo entonces: “Durante la dictadura nosotros hicimos esto porque no había nadie que pudiese hacerlo, pero recuperado el Estado de Derecho les toca a otros”. El vicario daba gracias a Dios porque no era necesario continuar con el organismo.

La Iglesia chilena traspasaba la responsabilidad al Estado, específicamente al primer gobierno de la Concertación. María Luisa Sepúlveda reconoce que fue partidaria de que la Vicaría se cerrara: “Fue una decisión difícil, pero el Estado debía asumir ahora. La Iglesia debía inhibirse si funcionaba el estado de derecho. Sabíamos que la transición sería pactada, pero la Iglesia no podía confrontar ahora al gobierno democrático”.

La última secretaria ejecutiva de la Vicaría de la Solidaridad fue María Luisa Sepúlveda Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

La última secretaria ejecutiva de la Vicaría de la Solidaridad fue María Luisa Sepúlveda
Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

“Justicia en la medida de lo posible”
Impactó en la Vicaría que el Presidente Aylwin escogiera al abogado radical Raúl Rettig para presidir la Comisión Verdad y Reconciliación, la instancia a cargo de indagar sobre qué había ocurrido con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, aunque sin escarbar en sus autores. Rettig, ex senador y ex embajador, jamás había trabajado en derechos humanos. Pero era amigo del nuevo gobernante y este prefirió a alguien de su confianza, antes que a las decenas de especialistas destacados de la Vicaría.

Se quiso marcar una diferencia, una distancia. Los juristas de la Vicaría se sintieron tratados como “teñidos”, como “poco objetivos” y no se les incluyó en la instancia, a pesar de que casi toda la información del Informe Rettig provino de su archivo.

Cuando el Presidente Aylwin pronunció su famosa frase “justicia en la medida de lo posible”(1991), los familiares de los detenidos desaparecidos sabían que eran malas noticias. Viviana Díaz, dirigenta de la AFDD, se miró con las otras mujeres y todas enmudecieron al escuchar esas palabras.

Para la entonces abogada de la Vicaría Carmen Hertz, todo lo que vino después fue muy desilusionante: “El año 1991 aún teníamos la esperanza de que iba a haber justicia. Cuando se formó la comisión Rettig, la apoyamos”. Hertz señala que Aylwin se conformó solo con buscar la verdad, que luego vinieron dos proyectos de ley de punto final en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y que solo después del 2000 los militares reconocieron que existían detenidos desaparecidos. “Los tribunales no se vieron presionados hasta 1998, tras la detención de Pinochet en Londres, para apurar los casos de derechos humanos”, recalca.

Los dos últimos años de la Vicaría ocurrieron con funcionarios que emigraban a trabajos en el gobierno, en ONGs, o en donde consiguieran algo. “Con un currículum que dice que has trabajado más de 16 años en la Vicaría de la Solidaridad, no era fácil para nadie buscar trabajo, no era bien visto”, recuerda María Luisa Sepúlveda. Hubo algunos que incluso pasaron hambre en cesantía. Para los que encontraron un nuevo empleo, otro problema fue que las nuevas actividades les parecían irrelevantes. Nada se asemejaba a levantarse cada día para salvar vidas.

En democracia, a varios de los profesionales que trabajaron en la Vicaría les costó encontrar nuevos trabajos, pues estaban “marcados” por su paso por el organismo Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

En democracia, a varios de los profesionales que trabajaron en la Vicaría les costó encontrar nuevos trabajos, pues estaban “marcados” por su paso por el organismo
Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

La memoria histórica
En 1992 se creó la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, localizada en el Arzobispado de Santiago y que resguarda 85 mil expedientes únicos sobre la guerra sucia que ocurrió en Chile. Según el abogado Roberto Garretón, ex funcionario de la Vicaría, el régimen militar estaba obsesionado con este archivo: “Lo que quería Pinochet es que se quemaran esos documentos. Ya en democracia, nosotros no podíamos dejarlos en poder del Estado ¿Y si llegaba un gobierno de derecha al poder y los desaparecía? Este archivo es nuestra memoria histórica”.

En noviembre de 1992 quedaban solamente 42 funcionarios en las oficinas frente a la Plaza de Armas. La última semana de ese mes, el arzobispo Oviedo celebró una ceremonia en la vecina Catedral Metropolitana, a la que asistió parte importante de la clase política, además de dirigentes sociales y de derechos humanos. Era la despedida oficial para la la Vicaría de la Solidaridad. En medio de la homilía, el ya retirado cardenal Silva Henríquez ingresó tímidamente al templo. Tenía 92 años. La catedral se vino abajo con los aplausos y vítores. El fundador de la Vicaría odiaba los homenajes, aunque esta vez la gran obra de su vida era la que llegaba a su fin. Más tarde se apagaron las luces del templo y se encendieron cientos de velas blancas. Los asistentes lloraban emocionados. Algo avergonzado, Silva Henríquez aprovechó la oscuridad para escabullirse con sigilo.

Moriría siete años más tarde, en medio del reconocimiento de todo un país por su lucha a favor de los perseguidos.

 

 

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CARLOS MARX

CAPÍTULO XXXIV

LA LLAMADA ACUMULACIÓN ORIGINARIA

2.Cómo fue expropiada de la tierra la población rural.-

Párrafo 06:

Bajo la restauración de los Estuardos, los terratenientes impusieron legalmente una usurpación que en el continente se había llevado también a cabo sin necesidad de los trámites de la ley. Esta usurpación consistió en abolir el régimen feudal del suelo, es decir, en transferir sus deberes tributarios al Estado, “indemnizando” a éste por medio de impuestos sobre los campesinos y el resto de las masas del pueblo, reivindicando la moderna propiedad privada sobre fincas en las que sólo asistían a los terratenientes títulos feudales y, finalmente, dictando aquellas leyes de residencia (laws of settlement) que, mutatis mutandis, ejercieron sobre los labradores ingleses la misma influencia que el edicto del tártaro Boris Godunof sobre los campesinos rusos.

 

– Página –615–   El CAPITAL “TOMO I” –Traducción de Wenceslao Roces – Primera edición en alemán tomo I — 1867- Primera edición en Español 1946- tercera reimpresión 2006 – Fondo De Cultura Económica México Comentarios y sugerencias : Editorial@fondodeculturaeconomica.com en Chile a /httpmarxismo-cl/ o bien Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl o Twitter    Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl

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