01- Las víctimas de la dictadura financiaron el Retorno a la Democracia y las campañas políticas de quienes fueron elegidos Diputados y Senadores entre los años 1989 y 2005.


M4011M-1409

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Ruzy Nora Mitrovic López, Abogado.

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 Con fecha 22 de Abril del año 2002, previo Informe Pericial referido exclusivamente a la situación socio económica de los querellantes e Informe Policial evacuado por la “BICRIM” Brigada del Crimen de la Policía de Investigaciones de Chile, el Tribunal sobresee temporalmente la causa el que es confirmado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Con fecha 9 de Mayo del 2003, esta abogada solicita la reapertura del Sumario y asume el patrocinio de los querellantes, previa revocación a los poderes otorgados al abogado Gutiérrez.

Con fecha 23 de Mayo del 2003, con nuevos antecedentes aportados por los querellantes, se ha ampliado la querella a evasión tributaria, toda vez que Fundación “INVICA”, no estaría pagando impuestos por esta operación, ni por mutuo, en atención al denominado crédito rotatorio, ni por donación, en el caso de ser esta una donación extranjera.

Por este motivo se ha solicitado una auditoría tributaria de Fundación “INVICA”, sin perjuicio que estando ésta organizada como FUNDACIÓN, no debería tener fines de lucro y estaría obteniendo ganancias, tanto por el cobro del crédito rotatorio, como por el no pago de impuestos y el cobro de los intereses penales, como lo haría cualquier órgano crediticio en el mercado financiero.

Se hizo que los beneficiados firmaran títulos de crédito, tanto letras de cambio como pagarés, con el objeto de garantizar la operación, los que se ha pedido que se incauten, ante la posibilidad que sean utilizados para garantizar otras operaciones ajenas a los beneficiados, incluso ante instituciones financieras extranjeras (como ocurre con el caso Inverlink)

Es probable que Fundación “INVICA”, esté obligada a devolver los fondos a España, lo que podría estar configurando una especie de lavado de dineros de parte de organizaciones españolas.

En el caso anterior es necesario establecer claramente los orígenes de los dineros y la relación que tendría el Arzobispado de Santiago con Fundación “INVICA” (es una organización que nació al amparo del Arzobispado).

Consta en el acta de Directorio de Fundación “INVICA”, donde se confiere los mandatos, que rola a fjs.195, que depende de la Corporación de Beneficencia “CARITAS- CHILE”, que es una organización a través de la que convergen, al país, donaciones extranjeras de diversa índole.

Conforme con Oficio Ord. Nº 670, de fecha 11 de Marzo de 1998, del Departamento de Planes y Programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, don Sergio González Tapia, Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, dirigido a don Héctor Torres Ceballos, querellante y dirigente del Comité de Retornados de “Villa España I y II de la Comuna de Puente Alto, se establece que para la construcción de este proyecto habitacional se usaron fondos aportados por la cooperación española, de acuerdo a convenio celebrado entre el gobierno y las instituciones involucradas en el proyecto.

A la luz de este documento, existe una notoria vinculación del gobierno chileno con el Proyecto “Villa España I y II” y las referidas instituciones involucradas serían: “PRAL”, “ONR”, “AECI”, el mencionado Consorcio de ONGs Españolas, “AGCI”, Caritas –Chile, Fundación “INVICA”, Provicoop, Taller Norte y el Arzobispado de Santiago.

Con fecha 1º de Septiembre del 2003, se hace parte en calidad de querellante, don Néstor Ricardo Torres Ramírez, Retornado Político proveniente de Alemania, beneficiado con un crédito otorgado por el Banco del Estado de Chile dentro del Programa de Créditos para la Reinserción Social de Retornados implementado bajo el amparo del Convenio Chileno- Alemán, de 26 de Octubre de 1990, para la adquisición o iniciación de empresas diversas; este querellante aporta información relevante respecto de los antecedentes de celebración del Convenio Chileno- Alemán de 1990, especialmente la participación del Ministerio de Cooperación Económica Alemán y el Ministerio de Planificación Chileno; denuncia las irregularidades administrativas en la implementación en Chile del Programa de Créditos, tanto respecto del Banco del Estado, como de los organismos externos que asesoran a éste en el estudio de factibilidad de los proyectos. Cabe hacer notar que el proyecto del señor Torres es un proyecto de pesca (las Directrices del Deutsche Ausgleischbank, ejecutor de la parte alemana del Convenio Chileno- Alemán, de 1990, excluían expresamente el financiamiento de este tipo de proyectos, junto con los referidos a minería y obras públicas), por lo que denuncia, además, en su querella, una enorme serie de irregularidades para la obtención de permisos y patentes de pesca que se fundamentan en la corrupción administrativa en esta área de producción.

La operación entre Chile y Alemania consiste en un crédito blando pagadero en 20 años, con diez más de gracia, donde el Gobierno Chileno se compromete a hacer un aporte del mismo monto; Alemania además aporta, mediante donación, la suma de 9 millones de marcos, con el objeto de efectuar los estudios de proyectos y formar un “fondo de garantías” para el eventual fracaso de proyectos.

Sorprende a esta abogado que el tantas veces citado Convenio Chileno Alemán, de 1990, haya sido suscrito en Santiago de Chile y que los contratos, tanto de préstamo como de fondos no reembolsables celebrados entre el Banco del Estado de Chile y el Deutsche Ausgleischbank lo hayan sido en Alemania, el día 12 de Julio de 1991, por tanto, su cumplimiento se rige por la legislación alemana, siendo la ciudad de cumplimiento Bonn y , sólo en el Contrato referido a los fondos no reembolsables, se establece que, en caso de conflictos entre las partes contratantes, se designará un árbitro que, en definitiva deberá ser nombrado por el Presidente de la Cámara de Comercio Internacional.

Hemos dirigido dos cartas, tanto al Presidente de Alemania, como a su Canciller, solicitando el texto auténtico, en alemán, del Convenio celebrado en Chile y de otros documentos considerados necesarios para aclarar distintos puntos dentro de la investigación, tanto particular, como la judicial. Hasta el día de hoy no hemos recibido una respuesta satisfactoria a nuestra demanda, sólo vía e-mail el texto, en alemán, del Convenio de Cooperación Financiera, celebrado en Santiago de Chile, el 20 de Febrero de 1995, entre Chile y Alemania, y otro, de idéntico tenor, celebrado entre Alemania y Bolivia, en la misma fecha. Por esta razón, hemos solicitado a la Comisión de Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados, oficiar al Secretario General de Naciones Unidas para que remita los textos auténticos de las versiones del Convenio, en español y alemán, que, dando cumplimiento al Artículo 80 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, los contratantes miembros de dicha Organización, después de que los Tratados que suscriban , entren en vigencia, deberán transmitirlos a la Secretaría General de las Naciones Unidas para su registro o archivo e inscripción, según el caso, y para su publicación.

Toda la investigación realizada nos lleva a concluir que no existe en Alemania constancia de la existencia y celebración del referido Convenio de Cooperación Financiera celebrado, en Santiago, el 26 de Octubre de 1990. Consecuencialmente, los flujos de dinero enviados a Chile no gozan de una autorización legítima de autoridad alemana alguna; lo que, a nuestro entender, significaría que Alemania a través de Chile podría estar configurando un lavado de dinero, agravado por el hecho que, al carecer de autorización, ya sea, parlamentaria o gubernamental, dichos flujos pueden tener su origen en fondos previsionales, impuestos o dineros obtenidos por Alemania por negociaciones que por su naturaleza serían de aquellos que se obtienen de actividades internacionalmente prohibidas, como tráfico de armas, drogas, sustancias químicas destinadas al terrorismo u otras prohibidas internacionalmente o particularmente respecto de Alemania. Valga recordar que la caída del Canciller Helmut Kohl se debe, entre otras, a que se negó a develar el origen de las fuentes de financiamiento de su gobierno, en el que precisamente, se celebran estos Convenios con Chile.

Dirigí cartas al Presidente de Alemania y al Canciller de dicho país solicitando el envío de los antecedentes que permitieron, tanto al Gobierno como al Parlamento, el envío de los dineros a Chile. Al no obtener respuesta me comuniqué con el Euro- Parlamentario Dr. André Brie quien se reunió conmigo con ocasión de su visita a Chile en el mes de Mayo y luego, en el mes de Octubre; a través de él, quien solicita al ministro de Relaciones de Alemania Joschka Fisher los mismos documentos que he solicitado a los señores Kohler y Schoeder, me entero que Alemania no cuenta con los documentos solicitados y que los pocos que tiene son confidenciales no estando dispuestos a entregarlos; escenario que permite deducir que la operación no es más que un procedimiento de blanqueo de activos de conformidad con las modernas doctrinas de Derecho Penal Internacional.

Actúan como operadores del Programa, el Banco del Estado de Chile, por la parte chilena y el Deutsche Ausgleichbank (Banco Alemán de Compensaciones), por la parte alemana; en 1999, la parte alemana es reemplazada por el “DEG” Deutsche Investitions und Entvicklungsgesellschaft- Inversiones Alemanas y Desarrollo de Negocios lo que resulta curioso toda vez que, una institución estatal es reemplazada por un organismo privado, lo que tiene como consecuencias, que se dificulta el proceso de fiscalización por organismos público, tanto en cuanto a la tributación por los flujos monetarios, como por la implementación del Programa y como por la forma de aprobar las rendiciones de cuentas del operador por parte de Chile.

La participación del “DEG”, así como la de el “WUS” (World University Service), en la implementación y formulación de directrices del Programa de Créditos para Retornados Políticos en Chile, no fue investigada por ninguna de las Comisiones Especiales Investigadoras designadas por la H. Cámara de Diputados del Congreso Nacional chileno, luego no conocemos los contratos celebrados por “WUS”, con el Banco del Estado Chile y/o el Gobierno chileno, como tampoco los celebrados por “DEG” con ellos.

Una vez fracasados varios proyectos y ante el cobro judicial de las deudas de los beneficiarios, y en atención a la conmoción pública, la Cámara de Diputados formó dos Comisiones Investigadoras del Programa de Reinserción de Retornados. Las Conclusiones de ambas Comisiones señalan hechos constitutivos de delitos en los que, en general, se basan las querellas.

Se hace parte como querellante don Juan Rolando Castro Fritz quien padece de Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), por lo que solicita se dé cumplimiento al Acuerdo de Naciones Unidas, de la Tercera Consulta Internacional sobre VIH/SIDA y los Derechos Humanos, celebrada en Ginebra en el año 2002, solicitando, además, el envío a dicha Oficina Internacional de copia de su presentación ante el Tribunal, conforme lo impone la misma directriz, petición que hasta el día de hoy el Tribunal no ha cumplido. En este momento, mes de Mayo del 2005, el señor Castro se encuentra en Bruselas denunciando, ante el Parlamento Europio, las irregularidades cometidas por el Banco del Estado de Chile, en la implementación del Programa de Reinserción Social de Retornados Políticos, al amparo del Convenio celebrado entre los Gobiernos de Chile y Alemania, el 26 de Octubre de 1990.

Hacen hincapié los querellantes en la aplicación e interpretación que el Banco ejecutor del Programa, hace de la Ley Nº 19.740, que agrava aún más su condición de deudores del banco, continuando el Banco del Estado su mala implementación del Programa.

Como consecuencia de la aprobación del Informe de la Segunda Comisión Especial Investigadora de Créditos a Retornados de la H. Cámara de Diputados, el Gobierno entra en conversaciones con los afectados con el objeto de promover un proyecto de ley que solucione definitivamente la grave situación de los beneficiados con el Programa de Créditos para Retornados Políticos implementado por el Banco del Estado de Chile; si bien es cierto, el proyecto de ley promovido por el ejecutivo abarcaba todas las opciones para solucionar este problema conforme lo requerían los afectados éste fue completamente desvirtuado y reformulado por la H. Cámara de Diputados a instancias de los parlamentarios de la coalición de gobierno, especialmente los del Partido Demócrata Cristiano. En definitiva, se promulga la Ley Nº 19.740 que no soluciona definitivamente el problema, toda vez que, faculta al

Banco del Estado de Chile a aplicar a su entero arbitrio las diversas medidas que debían solucionar los problemas.

Ya de la simple lectura de su primer artículo se desprende que el banco puede otorgar este beneficio en forma completamente arbitraria, lo que se refuerza en el artículo segundo que autoriza al banco a elegir a los beneficiados por esta ley; consecuencialmente, no todos los deudores de estos créditos podían optar a los beneficios que esta ley establece y eran “elegibles” aquellos deudores cuyos créditos se encontraran vigentes, en mora, vencidos, en cobro judicial o castigados incluyendo los que hubieran sido de prórrogas, renovaciones, reprogramaciones, novaciones u otras modificaciones a las condiciones originales de las operaciones.

El inciso final del Artículo 4º de la ley en comento señala que, “…los deudores que aportaron garantías propias o de terceros y que no fueron financiadas con recursos a que se refiere el Artículo 1º que fueron enajenadas en subasta judiciales serán compensadas con un pago por una suma equivalente al valor de tasación comercial del bien respectivo, vigente al momento de otorgarse el crédito, que se reajustará en el porcentaje de variación del Indice de Precios al Consumidor habido entre el día primero del mes anterior a dicho momento a dicho momento y el primer día del mes anterior a la fecha del pago efectivo. Dicha compensación será efectuada por el Banco del Estado de Chile con cargo al remanente de los fondos provenientes del Acuerdo de Contribución Financiera no Reembolsable, suscrito entre el Banco del Estado de Chile y el Deutsche Ausgleichsbank, hoy “DEG”., con fecha 12 de julio de 1991,siempre que éste último destine dichos fondos a tales efectos y hasta el monto de los mismos, caso este último en el cual se prorrateará entre quienes impetren el beneficio”…

En definitiva, en su interpretación y aplicación de la mencionada ley, el Banco ha obligado a los beneficiarios a reconocer como deuda, el total del monto asignado como préstamo, más sus respectivos intereses y reajustes, más el monto de reajustes e intereses calculados hasta el último mes de la repactación; dicho monto se paga en cuotas mensuales y sucesivas de 1 UF mensual, y en la última cuota la diferencia. (Dicha cuota tiene vencimiento en general, en los meses de marzo y abril del año 2007), naturalmente, será impagable para cualquiera de los beneficiados.

El artículo 5º establece una cláusula para levantar el secreto bancario; en él el Banco del Estado se ha amparado para no informar respecto del estado de los créditos otorgados a los Retornados Políticos, incluso a la H. Cámara de Diputados cuando ha investigado cómo el banco ha implementado dichos créditos. Señala este artículo que aquellos que resulten beneficiados con la aplicación de esta ley, deberán autorizar al Banco del Estado de Chile para que informe a la propia H. Cámara y al Ministerio de Hacienda acerca del saldo de la deuda actualizada y el monto de la remisión con que se beneficien como requisito para su otorgamiento, disposición que, por supuesto, el banco tampoco ha cumplido.

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CARLOS MARX

III

SIETE ARTICULOS DE ENGELS SOBRE EL TOMO PRIMERO DE “EL CAPITAL”

INTRODUCCIÓN por Ernst Czóbe

Párrafo 10:

Esta relación no es, indudablemente, completa. Está formada a base de las cartas cruzadas entre Marx y Engels y aquél y su amigo Kugelmann, de las que no siempre se deduce con claridad si las notas bibliográficas enviadas o gestionadas llegaron o no a ver la luz; en ciertos casos, no nos sido posible, por razones materiales, consultar los periódicos aludidos. Sin embargo, como Marx, Engels y Kugelmann y el editor Meissner seguían atentamente todo lo que se publicaba en la prensa acerca de El Capital, teniéndose al corriente entre sí, hay que suponer que ninguna crítica de importancia habrá escapado a su vigilante atención.

– Página –728 —   El CAPITAL “TOMO I” –Traducción de Wenceslao Roces – Primera edición en alemán tomo I — 1867- Primera edición en Español 1946- tercera reimpresión 2006 – Fondo De Cultura Económica México Comentarios y sugerencias : Editorial@fondodeculturaeconomica.com  en Chile a /httpmarxismo-cl/ o bien Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl o Twitter    Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl

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