02- Las víctimas de la dictadura financiaron el Retorno a la Democracia y las campañas políticas de quienes fueron elegidos Diputados y Senadores entre los años 1989 y 2005.


Ruzy Nora Mitrovic López, Abogado.

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Con fecha 13 de Junio del año 2002, se publica la Ley Nº 19.812 modificatoria de la Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada; en los Artículos Transitorios de la mencionada ley se ordena borrar de todos los registros en que consten morosidades, a aquellas relacionadas con los créditos concedidos por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, ya mencionados, y a aquellos de los créditos otorgados por el Banco del Estado a Retornados Políticos que se hayan acogido a los beneficios otorgados por la ley Nº 19.740; es evidente, a la luz de todo lo expuesto en esta breve reseña, que estas disposiciones no tienen otro objeto sino que, borrar todo trazo de las consecuencias de la operación descrita, y de paso, dificultar los posibles seguimientos investigativos acerca de los beneficiarios y conceder a Alemania los instrumentos suficientes para dar por completamente cerrada la operación, y conforme los dichos expresados personalmente a esta abogada, por don Martin Schaeffer, Encargado de Cooperación de la Embajada Alemana en Chile, por “formalmente informada” por parte del gobierno chileno y terminada para su gobierno.

Ante declaraciones vertidas en la prensa por el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, el día 23 de Noviembre del 2003, en presencia del Presidente de Alemania en visita oficial en Chile, se le ha solicitado vía oficio aclarar sus dichos, por cuanto según sus expresiones Alemania habría enviado la suma de US$ 2.500.000.000.- dos mil quinientos millones de dólares para la reinserción social de retornados, en calidad de donaciones y no como crédito.

El Tribunal solicita oficios, en el sentido de aclarar si otras naciones u organismos internacionales han efectuado aportes similares al de Alemania. El fundamento para esta solicitud se encuentra en las declaraciones vertidas, ante ambas Comisiones Investigadoras de la H. Cámara de Diputados por miembros de la “AGCI” Agencia de Cooperación Internacional Chilena, en especial, don José Miguel Insulza Salinas, actual Ministro del Interior de Chile y recientemente elegido Secretario General de la “OEA” Organización de Estados Americanos.

El Tribunal decreta un Informe Pericial Contable respecto de la Sub-Gerencia de Créditos para Retornados, actual Sub-Gerencia de Pequeñas y Medianas Empresas del Banco del Estado de Chile el que nunca se concreta por oponerse el banco y señalar que los antecedentes se encuentran en bodegas.

El H. Diputado Leopoldo Sánchez Grunert que presidió la Segunda Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados concurre voluntariamente al Tribunal y ratifica todo lo obrado por la Comisión Investigadora que presidió y posteriormente, en el mes de Mayo del 2004 se hace parte como querellante, al igual que el H. Diputado Alfonso Vargas Lyng quien lo hace en el mes de Julio del mismo año y ha participado en todas las comisiones que la H. Cámara de Diputados convocó para investigar las irregularidades detectadas en la implementación, por parte del Banco del Estado, del Programa de Reinserción Social de Retornados, al amparo del Convenio Chileno- Alemán, de 1990.

La parte querellante ha solicitado la acumulación, a estos Autos, de la Causa Rol Nº 181.472-03 de la que conoce el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, en cuanto dicha querella ha sido interpuesta por la Directiva de la Corporación de Retornados, con el patrocinio del abogado Carlos Margotta, teniendo como fundamento algunos de los hechos que investiga la querella que patrocino y dirigida contra Andrés Sanfuentes Vergara, entonces Presidente del Banco del Estado y Luciano Fouillioux Fernández, entonces Presidente de “FARET” Fundación de Ayuda al Retornado. Dicha acumulación fue concedida, pero, nunca se concretó. La referida causa de la que conoció el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago se encuentra ahora en apelación ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Ingreso Corte Nº 2120- 2004, por cuanto la Magistrada Rommy Rutherford la rechazó por considerar que los delitos se encontrarían prescritos.

Se aportan una serie de documentos referidos a las organizaciones “ONR” Oficina Nacional de Retorno y “FARET” Fundación de Ayuda al Retornado, estatal una, privada la otra que tenían por objeto cooperar con el proceso de reinserción social de retornados y asistir a éstos en sus necesidades en el país. Estas organizaciones que cumplían simultáneamente la misma función, se vieron beneficiadas con la asignación de parte de los fondos alemanes que les hace el Banco del Estado mediante un Contrato Tripartito celebrado entre ellas el 27 de Diciembre de 1991.

Cabe hacer notar que prontamente fueron denunciadas irregularidades en el manejo de fondos por ambas instituciones, siendo involucradas en ellas el señor Jaime Esponda Fernández, Director Nacional de “ONR” y don Luciano Fouillioux Fernández, Presidente de “FARET”. Las investigaciones de estas irregularidades fueron ampliamente difundidas por los medios, y fueron obstruidas por organismos públicos. Cabe hacer presente que pese a las denuncias y sospechas sobre el señor Fouillioux Fernández las tres administraciones del conglomerado de Gobierno lo han designado en cargos de relevancia, tales como, los ya mencionados, Subsecretario de Carabineros, representante ante la Mesa de Diálogo respecto de violaciones a los Derechos Humanos y miembro representante del Ministerio del Interior en todas las instancias creadas para la investigación y solución de violaciones a ellos, actuando en estrecha colaboración con organismos y personalidades estrechamente vinculadas al Arzobispado de Santiago; su última participación importante ha sido en la Comisión sobre la Tortura conocida como Comisión Valech.

Todos estos actos de corrupción política están vinculados a la participación en el gobierno de la República de miembros y personas vinculadas al Partido Demócrata Cristiano Chileno.

En atención a que la investigación judicial se conduce a toda la ayuda humanitaria ingresada al país en beneficios de Retornados Políticos, y habida consideración de las informaciones de prensa que informaban que en otras causas se investigaban triangulaciones de dinero, se comienza a investigar los aportes de dinero enviados por el gobierno italiano, los que a su vez, ya habían sido investigados por la justicia italiana en un proceso conocido como Operación Manos Limpias, que tuvo como consecuencia la sanción a los casos de corrupción política en el estado italiano a mediados de los “90.

Se aportan antecedentes extraidos de la prensa nacional publicados en el año 94 que hacen referencia a exhorto del juez italiano Vittorio Peraggio que solicita diligencias a la Corte Suprema de Chile dentro del marco de la operación ya citada. De dicha causa conoció el juez Joaquín Billard, titular del 1º Juzgado del Crimen de Santiago y actual Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que instruye causas en las que está involucrado Paul Schaeffer y Colonia Dignidad.

A raíz de las diligencias solicitadas por el juez Peraggio fueron interrogados los señores Carlos Cruz Lorenzen, Carlos Ominami, Camilo Escalona todos ellos personalidades políticas (pertenecientes al PPD y al PS) que han ocupado cargos en la administración del Estado, el Parlamento y cercanos colaboradores del Presidente Ricardo Lagos Escobar.

Los fondos italianos tienen origen en el Sindicato Unión Italiana del Trabajo y son dirigidos a Chile con la colaboración de la ONG italiana Proyecto Sur; dichos fondos fueron utilizados en el financiamiento del plebiscito del año “89 y en las campañas políticas de la primera elección presidencial y parlamentaria post Pinochet; con ese objeto se crearon diversas corporaciones y ONGs que dirigieron sus actividades a los medios de comunicación, tales como Fucatel, Caditel, Icatel y Fundación Chile 21.

A raíz de una investigación referida a malversación de caudales públicos en el Ministerio de Obras Públicas, se vincularon dichas empresas a corruptos desvíos de dinero a campañas políticas y enriquecimiento ilícito de funcionarios y diversas autoridades durante toda la década del “90 y el gobierno del Presidente Ricardo Lagos. Dicha causa la conoce como juez unipersonal, actualmente, la Ministra Gloria Ana Chevesich.

Todos estos hechos están vinculados a actos de corrupción política de miembros y personas vinculadas al Partido Socialista Chileno, el Partido Radical y el Partido por la Democracia.

Esta abogada, a la luz de los antecedentes que ha tenido a la vista, y los hechos ocurridos en el país, particularmente desde 1985 en adelante, ha adquirido el convencimiento que, todos estos actos de corrupción han sido ideados, preparados y concertados desde ese año, en nuestro país, al amparo del denominado Acuerdo por la Democracia; resulta sorprendente que aquellas personalidades políticas que concurrieron a dicho Acuerdo, estén de una u otra forma vinculados a casos de corrupción hasta el presente, es decir, veinte años después; es notorio, además, que todas estas personalidades políticas que abarcan todo el espectro político del país, están aglutinadas a través de la participación de la Iglesia Católica Chilena en la generación de dicho Acuerdo:

El 15 de mayo de 1985, en el Seminario “Formación Democrática” organizado por el Centro de Estudios Públicos y dirigido por el señor Andrés Benavente, don Edgardo Boeninger presenta el documento denominado “Bases de un orden económico para la futura democracia en Chile”. Su texto está en gran parte tomado del libro “Orden Económico y Democracia” publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo “CED” (creado en 1981 con el objeto de realizar estudios sobre el Chile de los “80 y un diagnóstico y propuestas para la vuelta a la democracia); entre sus Directores se cuentan: Ernesto Tironi, Edgardo Boeninger, Alfonso Santa Cruz, John Biehl, Eduardo Dokcendorff, Raúl Troncoso, Eduardo Palma, Eduardo Saffirio. Actualmente, este centro desarrolla los siguientes objetivos institucionales: asesorar a gestores de políticas públicas a nivel legislativo, ejecutivo, nacional, regional o local, crear y difundir un proyecto de país republicano y democrático para el segundo centenario, promover la participación ciudadana y educar a la sociedad civil sobre la importancia de la política y de la democracia.

Con fecha 25 de Agosto de 1985, se celebra el Acuerdo para la transición a la plena democracia; convoca el Cardenal Arzobispo de Santiago Juan Francisco Fresno y colaboran los señores José Zabala de la Fuente, Fernando Léniz Cerda y Sergio Molina Silva; aprueban el documento Andrés Allamand Z, Francisco Bulnes S, Fernando Maturana E., Hugo Zepeda B., Armando Jaramillo L., Gastón Ureta, Pedro Correa O., Patricio Phillips P., Patricio Aylwin A., Gabriel Valdés S., René Abeliuk, Mario Scharpe, Enrique Silva C., Luis Fernando Luengo, Ramón Silva U., Carlos Briones O., Darío Pavez, Sergio Navarrete, Germán Pérez, Luis Maira A., y Sergio Aguiló.

Este Acuerdo establecía prioridades para el restablecimiento de la democracia en los aspectos:

1.- Acuerdo Constitucional:

* Elección por votación popular de un Congreso Nacional.

* Procedimiento de Reforma Constitucional.

* Elección directa de un Presidente de la República por votación popular.

* Existencia de un Tribunal Constitucional.

* La garantía de la libre expresión de ideas y organización de Partidos Políticos.

* La regulación de los Estados de Excepción.

2.- Orden Económico Social:

* Superación de la extrema pobreza y marginalidad.

* Austeridad en el consumo, solidaridad y disciplina social.

* Garantía constitucional del derecho a la propiedad privada. No utilizar el sistema tributario como mecanismo expropiatorio. Reconocimiento de la existencia de la propiedad estatal y mixta de los medios de producción.

* Configuración de una economía mixta.

* Participación de trabajadores y empresarios en la toma de decisiones sobre políticas económicas y sociales

* Organizaciones de la sociedad civil en torno a las actividades que les afectan directamente en materia económica.

* Concertación de objetivos compartidos entre empresarios y trabajadores.

* Fortalecimiento de las organizaciones laborales con derecho a petición, reunión, huelgas y otros.

3.- Medidas inmediatas:

* Término de los Estados de Excepción Constitucional.

* Formación de Registros Electorales.

* Término del Receso Político.

* Aprobación de una Ley Electoral para elegir Presidente de la República, Senadores y Diputados por sufragio directo.

* Un plebiscito que legitime las disposiciones de este documento.

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CARLOS MARX

III

SIETE ARTICULOS DE ENGELS SOBRE EL TOMO PRIMERO DE “EL CAPITAL”

INTRODUCCIÓN por Ernst Czóbe

Párrafo 11:

De las veinte notas bibliográficas que aproximadamente llegaron a ver la luz hasta el otoño del 186814, diez por lo menos—de las cuales solamente una de publicó en un periódico obrero—proceden de la pluma de Engels.

14: Después de esa fecha, sobreviene una larga pausa: la nota bibliográfica más próxima no ve luz hasta la segunda mitad de 1869, en los Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik de Hildebrand (Jena, año VII [1869], t. I, cuad. 6, pp. 457-67,firmada: Rr, o sea Hermann Rösler (1834-1894), a la sazón profesor en Rostock.

– Página –728 —   El CAPITAL “TOMO I” –Traducción de Wenceslao Roces – Primera edición en alemán tomo I — 1867- Primera edición en Español 1946- tercera reimpresión 2006 – Fondo De Cultura Económica México Comentarios y sugerencias : Editorial@fondodeculturaeconomica.com  en Chile a /httpmarxismo-cl/ o bien Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl o Twitter    Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl

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