La enfermedad del negocio, o el negocio de la enfermedad (II)


Por Nicolás Orozco, Movimiento Salud para Tod*s

http://www.auroraroja.cl/

En la columna pasada abordé algunos de los principales modos en que el negocio de la salud obtiene ganancias a partir de las enfermedades de las personas y haciendo uso del abandono que ha presentado el sector público de la salud desde los años 80’ en adelante. Los mecanismos mencionados se referían al surgimiento de las ISAPRES hace más de 30 años como los ‘’entes articuladores’’ del negocio de la salud, del lucrativo negocio que tiene lugar en las clínicas privadas y sus estrepitosas utilidades (aún mayores que las de las ISAPRES), y también el subsidio con fondos públicos que el Estado ha dado a las clínicas e ISAPRES, haciendo aún mayor las ganancias de estas.

En esta segunda parte haré mención de otros puntos de conflicto donde se refleja la concepción netamente mercantil que ciertos actores le han dado a todo lo relacionado con la salud. Entre estos actores encontramos no sólo a las ya mencionadas clínicas e ISAPRES, sino que también podemos ver a las farmacias, a personas que se desempeñan como profesionales de la salud, e incluso personas que se han desempeñado como políticos de profesión, además de los gobiernos cómplices de la Concertación.

Concesiones hospitalarias

La externalización de servicios en el sector público del sistema de salud (y en otras áreas más en las que agentes estatales deben desempeñar una labor) es una clara manifestación de cómo la mercantilización de la vida no ha dejado exenta al área de la salud. Las concesiones hospitalarias son un claro ejemplo de esto. Con el argumento de que la infraestructura de la red pública no estaba dando abasto para la demanda de la población, y con la influencia ideológica neoliberal de que lo público, por el simple hecho de ser público, presenta falencias en la gestión financiera y en brindar ciertos servicios, se amplió la política de concesiones al área de la salud. No fue suficiente con las carreteras o con el transporte. Ahora era necesario concesionar también la salud, y por eso los gobiernos de Lagos y Bachelet idearon el modelo que partió con la concesión de los hospitales de La Florida y de Maipú, modelo que el gobierno de Piñera se encargó de defender y profundizar. Más que exponer aquí los aspectos técnicos y jurídicos de las concesiones hospitalarias, es necesario dejar en claro algo: Este traspaso de responsabilidades termina siendo otra manera para transferir recursos públicos a manos de los privados, y peor aún, no genera un aporte significativo en infraestructura o en mejoras del servicio hospitalario.

Uno de los argumentos esgrimidos a favor de esta externalización de servicios es que los recursos públicos no son suficientes para invertir en infraestructura hospitalaria, y que es mejor usar los recursos existentes en pagarle a alguien para que se encargue de todo el proceso de construcción y de algunas funciones más, tales como mantención de las instalaciones construidas, operación del edificio (aseo, comida, etc.) y servicios como cafetería y otros. ¿Cuál es el problema detrás? Que en este proceso, el Estado gasta más en comparación con el costo que tendría invertir directamente en la infraestructura. Por ejemplo, los hospitales de La Florida y de Maipú, que fueron adjudicados a una misma empresa en tan sólo una licitación, significaron una inversión de aproximadamente $313 millones de dólares. Esto sería pagado en un principio por el sector privado, y el Estado le paga a la empresa en cuotas a lo largo del tiempo. Considerando intereses, el pago del Estado terminaría siendo de $426 millones de dólares, lo que es un 27% mayor al costo original de los hospitales. Y peor aún al sumar $173 millones de dólares que el Estado debe pagar a la empresa por conceptos de operación, inversión que no se contempla en hospitales públicos (Goyenechea, 2013).

Queda claro nuevamente cómo existen mecanismos legales que apuntan a regalar recursos públicos a las empresas privadas, y no tienen como fin un real mejoramiento del sistema de salud y del bienestar de la población. Aquí la crítica principal no es al hecho de que se construyan hospitales. Claro está que esa es una inversión necesaria y de suma urgencia, ya que la falta de la infraestructura requerida en ciertas zonas del país es una de las grandes falencias de nuestro sistema de salud. Lo que sí se critica es la manera en que se lleva a cabo dicha construcción. Si mediante una inversión de recursos para fortalecer el sistema público mediante una reforma integral, o traspasando responsabilidades a privados para que estos hagan lo que mejor hacen: obtener ganancias.

Negocio farmacéutico

Otro flanco importante donde la salud se ha visto mercantilizada es en el llamado ‘’negocio farmacéutico’’. Este negocio es aún más monopólico que el de las ISAPRES, ya que son 3 cadenas las que controlan más del 90% del mercado farmacéutico: Salcobrand, Cruz Verde y Farmacias Ahumadas (El Mostrador, 2015). Las mismas 3 cadenas farmacéuticas que el año 2008 fueron acusadas por colusión en los precios de más de 220 medicamentos, lo que llevó a que algunos precios presentaron un alza de más de 100% en su costo. El juicio siguió, pero no pareció afectar mucho a las cadenas. Desde el 2008 al 2012, los ingresos de las farmacias aumentaron en un 34,1%, llegando a ser un monto de $731.424 millones de pesos (Ministerio de Economía, 2013). Además, se ha visto que los remedios incluidos en esa lista de colusión, tienen un precio mayor aún que el de 2008.

Que la adquisición de remedios se vea inserta dentro de otro negocio cuyo fin es lucrar, va en claro detrimento del bienestar de las personas. Ya sabemos que en Chile el gasto de bolsillo es alto (más de 30% del gasto total en salud), y que cada familia, en promedio destina un 6,3% de sus ingresos a gastos en salud (Camilo Cid, 2012). De este gasto de bolsillo, un promedio de 55,1% se destina sólo a medicamentos, siendo las familias del primer quintil las que deben gastar más en remedios y que, por ende, se arriesgan a empobrecerse tan sólo por pagar para resguardar la salud de sus integrantes. Un mismo estudio de Camilo Cid afirma que este gasto de bolsillo en medicamentos es empobrecedor en un 10-20% de las familias pertenecientes a los 3 primeros deciles.

En los últimos dos años, han habido intentos de solución a los altos precios de los remedios para que la población no deba incurrir en gastos catastróficos. Por ejemplo, está el caso de las Farmacias Populares, cuyo pionero fue el Municipio de Recoleta, liderado por su alcalde Daniel Jadue (PC), y que ha tenido intentos de réplica en múltiples comunas a lo largo del país. Incluso algunas comunas cuyos alcaldes son de derecha han hecho intentos para replicar ese modelo que abarata costos, tan sólo que por miedo a ocupar la palabra ‘’popular’’, las denominan ‘’Farmacias Municipales’’. El lado positivo ha sido que este tipo de farmacias han ayudado a que las personas no tengan gastos tan altos en este ítem, y el lado negativo ha sido la oposición que ha recibido por parte de ciertos sectores que no han escatimado en ocupar todos los recursos posibles, mostrando toda su bajeza moral y su ambición. Por ejemplo, está el rechazo que políticos de derecha (UDI y RN principalmente) han mostrado a la iniciativa, llegando a bloquear intervenciones de Jadue en el Congreso para exponer sobre el tema, o declarando como inconstitucional lo que el Municipio de Recoleta estaba haciendo. También está el grito al cielo que pusieron algunas cadenas farmacéuticas, como Salcobrand, que declaró injusto que sólo el Estado pueda acceder a precios bajos en medicamentos, y además registraron el dominio web ‘’farmaciapopular.cl’’ y la marca ‘’La Farmacia Popular de Chile’’, sólo con el fin de que la farmacia de Recoleta no pudiera acceder a los usos de dichos nombres. Como ya dije, sólo cabe tildar como ‘’bajeza moral’’ lo que políticos y empresarios hacen con tal de defender a toda costa sus intereses y sus negocios lucrativos, sin importarles la salud de la gente.

Sociedades médicas: Vocación por el lucro

Y como si fuera poco, no son tan sólo las grandes clínicas privadas o las ISAPRES quienes se aprovechan de los recursos públicos para darle engranaje a su negocio. Estos entes se aprovechan de las falencias del sistema y del marco legal impuesto para llevar a cabo lo que podríamos llamar un ‘’robo a gran escala’’, donde llevan a cabo transferencia de recursos a lo largo de todo Chile y les permite tener las inmensas ganancias que ya hemos revisado. Sin embargo, han habido casos donde se hace un ‘’robo a pequeña escala’’, en el sentido de que la transferencia monetaria no es a través de grandes holdings, sino que ha nacido a partir de las voluntades individuales de médicos, que obnubilados por el afán de lucro, se aprovechan de la poca capacidad que tiene el sistema para responder a la demanda, y han sacado ganancias a partir de eso. Ustedes se preguntarán ¿cómo lo llevan a cabo? La respuesta es que algunas personas del estamento médico han armado verdaderos carteles, donde hacen una colusión con sus servicios, tal como lo han hecho las farmacias o las empresas de papel, casos que tanto ha indignado al pueblo chileno.

La base de este cartel, tal como el robo a gran escala, es la gran demanda de atención a la que el sector público no puede dar respuesta. Y desde que se implementaron los servicios AUGE el año 2005, estas demandas se han visto en aumento, y los centros asistenciales se ven obligados a compra servicios externos, debido a que la legalidad exige que para las patologías AUGE/GES se deben cumplir ciertos plazos. Frente a ese escenario, y mediante un acto de astucia (yo al menos lo veo como avaricia, pero muchas personas pueden ver astucia en ese acto), comenzaron a incrementar la cantidad de ‘’Sociedades Médicas’’, grupos a los cuales los centros asistenciales públicos pueden comprar servicios para poder dar respuesta a los requerimientos de las personas. Lo que podría considerarse ‘’trucho’’ en todo esto, es que muchas veces son los mismos médicos del hospital los que son parte de estas sociedades y reciben dinero por satisfacer la demanda de esos hospitales. Y peor aún, hay casos donde han sido los mismos médicos que trabajan en el hospital y que pertenecen a las sociedades quienes han autorizado la compra de servicios a sus ‘’grupos de emprendimiento’’. Para hacerlo más gráfico: un centro asistencial de salud puede pagar hasta 47% más por cada hora de atención a una sociedad que a un profesional de planta del mismo hospital, teniendo que desembolsar aproximadamente $15.000 pesos más por cada hora de atención (El Mercurio, 2016), y donde en muchos casos esa hora de atención la llevan a cabo los mismos profesionales que trabajan en el hospital, sólo que mediante una consulta privada y fuera de su horario laboral público.

Polémico fue el caso de la Asociación Gremial de Ginecólogos Obstetras de la Provincia de Ñuble (AGGOÑ), donde 25 de los 26 médicos de esa especialidad en dicha provincia acordaron desligarse de ISAPRES que no supieron ‘’remunerar sus actos médicos y por ello los explotaban’’ (cita textual de una asamblea de dicha asociación), y desde 2011 fijaron como precio mínimo de sus consultas la suma de $25.000, siendo que antes del acuerdo, el valor de la consulta rondaba los $13.000 (Bío Bío Chile, 2016).

Finalmente, el 2016 la Corte Suprema ordenó la disolución de dicha sociedad, y cada médico coludido debió pagar una penalización monetaria. Sin embargo, quedó patente en la retina de la población que durante años, aquellas personas que supuestamente deben velar por el cuidado de la salud de la población, estaban incurriendo en actos de tamaña gravedad, cuyo único fin era llenarse los bolsillos aprovechándose de las falencias de nuestro sistema público. Parece que Jorge González dio en el clavo cuando escribió la canción ‘’Quieren dinero’’, cuando afirmaba que ‘’no es tan cierto eso de la vocación’’.

Complicidad de la clase política

Por último, pero no menos importante, es necesario mencionar que los mecanismos formales para que la salud en Chile se constituya como un negocio, si bien fueron impuestos en dictadura la gran parte, han tenido una gran colaboración por parte de la clase política durante el Chile ‘’democrático’’. Al igual que en muchos otros casos develados durante los últimos años, la élite política tiene claros conflictos de intereses que la motiva a ocupar todos los recursos que poseen para perpetuar el negocio.

No es casual que el grupo Said, que tiene inversiones en las ISAPRES Cruz Blanca e Integramédica, además de ser dueños de las clínicas Reñaca, Antofagasta y San José de Arica, haya dado pagos directos a los diputados Fuad Chahín (DC) y Gonzalo Fuenzalida (RN), o pagos indirectos (por medio de jefes de campaña, familiares, etc.) a distintos políticos. En esta última lista se pueden incluir a José Manuel Edwards (RN), Gustavo Hasbún (UDI), Patricio Hales (PPD), y tantas otras personas (El Mostrador, 2015).

También han sido varios los casos de personas que ocupan cargos en el MINSAL o en la Superintendencia, e incluso cargos donde deben regular a las ISAPRES o relacionados con FONASA, y que en algún otro momento se han desempeñado con algún cargo directivo en una ISAPRE. Por ejemplo, Héctor Sánchez (DC) fue el primer superintendente de ISAPRES entre 1990 y 1994, y posteriormente fue socio fundador y dueño de la aseguradora privada Integramédica. Esta última pertenece al holding Cruz Blanca Salud, que ha tenido a varias personas metidas en cargos estatales. Álvaro Erazo (PS), que fue director de FONASA entre 2000 y 2006, y Ministro de salud de Bachelet el 2008, se desempeñó como miembro del directorio del mencionado holding entre 2011 y 2016. También está el caso de César Oyarzo (DC), que en 1994 fue director de FONASA, y luego fue gerente general de este holding durante más de 10 años. Y cómo no mencionar a Enrique Correa (PS), influyente lobista ligado a la Concertación-Nueva Mayoría y que fue ministro en el gobierno de Aylwin, que además tiene participación en la consultora Imaginacción, ligada a la Asociación de ISAPRES (Goyenechea, 2013). Del mismo modo, tenemos el caso de la Clínica Ensenada, recinto creado el 2014 que sin estar acreditada por la Superintendencia de Salud (lo que es requisito para dar prestaciones GES), durante el 2016 fue uno de los prestadores privados que más derivaciones recibió por parte de hospitales que no podían cumplir con la demanda. Entre enero y junio del año pasado, recibieron cerca de medio millón de personas por medio de esta modalidad, lo que les significó una remuneración aproximada de $1.900 millones de pesos. Fuera de este cuestionamiento, la crítica principal fue que entre sus asesores estaba el ex presidente del Colegio Médico, Pablo Rodríguez, que es cercano al PPD, mismo partido donde milita Jeanette Vega, directora de FONASA (La Tercera, 2016).

Quienes han detentado el poder político en Chile durante más de 20 años se han olvidado de lo que debiese ser la esencia de la política. No sólo han degenerado el concepto de política y la han convertido en pura tecnocracia y convencido a la sociedad que ‘’la política es cosa de políticos’’, llegando incluso a que la mayoría de las personas tenga un rechazo a este concepto, sino que también han mutado a tal nivel la actividad pública, que los intereses económicos de los grupos empresariales se han permeado para ser también los intereses de los partidos políticos chilenos.

Parecen ser muy lejanos aquellos tiempos en que la salud era vista como un bien social, donde el Estado debía cumplir un rol preponderante al momento de asegurar dicho bien a la población. Hacer esto era cosa de vida o muerte, además de ser una gran influencia en el progreso del país. No fue por nada que Chile pasó a ser uno de los países con los peores indicadores de salubridad en el mundo, a ser un ejemplo de organización sanitaria en Latinoamérica. Todo esto fruto de variados factores que se vieron combinados: La organización social obrera y territorial a modo de buscar maneras de asegurarse la salud, que devino en una presión popular hacia los entes estatales y a la clase política; el compromiso con la labor pública que adquirieron muchas personas que se desempeñaban como profesionales de la salud, por ejemplo, el estamento médico que cumplió un rol preponderante en la organización sanitaria inicial de Chile (y ahora lo vemos creando sociedades médicas), y así otros factores. El punto que quiero dejar en claro es que esa lejanía va más allá de una simple distancia cronológica, sino que es una lejanía aún más escalofriante: Una lejanía de contenido. Una distancia enorme en cuanto al enfoque que las personas le damos a la salud, o en cuanto al que le dan las autoridades. Una distancia enorme en cuanto a la altura de miras que algunas autoridades de otrora tenían al momento de legislar en cuanto al tema, comparado con el vicio económico que gran parte de las personas presentes en el congreso tienen ahora. Una distancia enorme (y quizás el punto que más lamento) en cuanto al nivel de conciencia y organización que presentaba la población de Chile en ese entonces comparado con los niveles de ahora. Antes había un gran respeto hacia lo colectivo, y era en la solidaridad y la organización donde se depositaban las esperanzas de una sociedad más justa y una vida más digna. Gran parte de eso se perdió debido al horripilante actuar de la dictadura militar, y a la despolitización y sociedad de consumo que han implementado los gobiernos que vinieron después. ¿Y a qué nos he llevado todo esto? A un sistema de salud donde impera lo enfermo del negocio, y donde se hace negocio a partir de la enfermedad.

Sin embargo, no todo está perdido. El mercado en la salud, si bien está fuertemente implantado en la institucionalidad actual, no es irreversible. La lucha por una salud digna y justa no sólo es algo posible, sino que es algo estrictamente urgente y necesario. Y junto a esta lucha debe ir de la mano una búsqueda en general de una vida digna, en todos los ámbitos posibles. Para ello, es necesario seguir el ejemplo que los sectores más desfavorecidos por el capitalismo nos heredan desde fines del siglo XIX e inicios del siglo XX hasta ahora siglo XXI, pasando por una dictadura asesina. Es imperativo tener un horizonte de organización, a modo de establecer lazos de solidaridad entre todas aquellas personas que tienen influencia en la construcción de un nuevo paradigma de salud. Es decir, no sólo las personas que estudiamos algo relacionado con la salud o aquellas que trabajan en el área, sino que también aquellas personas que buscan un mejor bienestar para sus familias y para las generaciones que vienen. Y esto no sólo en torno a las legislaciones de políticas públicas, sino que también en entender la salud como un espacio de autodeterminación que se construye desde lo particular, en forma de ‘’micropoder’’ por decirlo de alguna manera, hasta lo más amplio, que podría considerarse como la estructura (sistema de salud en este caso). Pero, además, en esta construcción se deben abarcar todos los espacios que influyen de alguna u otra manera en el bienestar de las personas. Entonces, se deben construir nuevos paradigmas en torno al medioambiente y nuestra relación con este, en torno a los salarios y lo desigual del sistema económico, en torno a las relaciones humanas que el sistema patriarcal nos impone, y en todos los demás aspectos que nos alejan de tener una salud plena.

En este sentido es que el Movimiento Salud para Todos y Todas ha ido articulando esa organización urgente y necesaria, y seguirá haciéndolo mientras el negocio de la enfermedad persista y hasta que haya un nuevo paradigma en salud. Porque tal como dice el emblema de este movimiento: “Por una nueva salud, para una nueva sociedad”

 

EL CAPITAL  TOMO I I

CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA

CARLOS MARX

LIBRO SEGUNDO

Capítulo III

EL CICLO DEL CAPITAL-MERCANCIAS

Párrafo 07:

                                                         T

En el acto de circulación   D                        ,T Y Mp. se comportan idénticamente mientras 

                                                        Mp.` 

son mercancías en manos de sus vendedores, en manos del obrero que vende su fuerza de trabajo y del poseedor, de los medios de producción que vende estos medios. Para el comprador, cuyo dinero opera aquí como capital-dinero, esos factores sólo operan como mercancías, mientras no han sido compradas por él, es decir, mientras se enfrentan con su capital existente en forma de dinero, como  mercancías pertenecientes a otros. Mp. y T sólo se distinguen aquí en cuanto que Mp., en manos de su vendedor, = M`, es decir, que puede ser capital si Mp, forma de mercancías de su vendedor, = M`; o lo que viene a ser lo mismo, puede ser capital si Mp. es la forma de mercancías de su capital, mientras que T, para el obrero, no es nunca más que una mercancía y sólo se convierte en capital en manos del comprador, como parte integrante de P.

– Página –79 —   El CAPITAL “TOMO I I” –Traducción de Wenceslao Roces – Primera edición en alemán tomo I — 1867- Primera edición en Español 1946- tercera reimpresión 2006 – Fondo De Cultura Económica México Comentarios y sugerencias : Editorial@fondodeculturaeconomica.com  en Chile a /httpmarxismo-cl/ o bien Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl o Twitter    Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl

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