28 de 30 Chile: Recuerdos de la ‘Guerra’ COMENTARIO JURÍDICO


 

Al hacer un comentario sobre LAS CONTRADICCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ESTADO DE GUERRA DECLARADO EN CHILE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973, fundamentaremos a pie de página los elementos de la investigación que avalan nuestras reflexiones.

Es necesario, ante todo, tener en cuenta que el 11 de septiembre de 1973, un Golpe Militar puso término a un gobierno constitucional. Las Fuerzas Armadas tomaron el poder, según expresa su Declaración de Principios de la fecha, «para restaurar la institucionalidad quebrantada». Los militares, pues, dieron el Golpe porque sostenían que la institucionalidad se había quebrantado. ¿Pero qué entendían por «quebrantamiento» de las instituciones democráticas?, aquí está toda la clave de la interpretación jurídica que aplicaron.

Ciertamente, desde un punto de vista objetivo, las instituciones democráticas a la fecha no se habían agotado. Es efectivo que existía una situación de pugna entre los poderes del Estado, que la sociedad chilena misma se encontraba en extremo polarizada ideológicamente y que la marcha de la economía había hecho crisis. Todo esto lo tenía presente el Presidente Allende cuando decidió la convocatoria de un plebiscito para el 13 de septiembre de 1973 (1). Esta era la salida política y democrática a la crisis generalizada. Por otra parle, tampoco el Congreso había acusado constitucionalmente al Presidente, por lo que está doblemente claro que no existía el tal quebrantamiento institucional. Al revés, había claras salidas constitucionales pendientes. Las dos que se han mencionado: el plebiscito y la acusación constitucional, eran medidas extremas, desde luego, pero precisamente estaban contempladas para situaciones límites como las que vivía Chile. Esto significa claramente que la institucionalidad no estaba quebrantada, sino todo lo contrario. Quienes de verdad quebrantaron la institucionalidad fueron precisamente las Fuerzas Armadas que no permitieron que la sociedad chilena resolviera su agudo problema por métodos democráticos, por tanto, lo de quebrantamiento de la institucionalidad no era más que un pretexto para dar un cruento Golpe de Estado que no tenía justificación. También resultó ser un mero pretexto la anunciada «restauración» de la democracia, porque lo que se instaló fue una dictadura que se aferró diecisiete años al poder y que bajo ropaje supuestamente democrático quiso prolongarse ocho años más. La restauración de la democracia consistía así, en el proyecto de implantar una dictadura por 25 años, la que el pueblo chileno logró contener a los 17 años.

Este prolongado período de permanencia de la dictadura y su idea de un quebrantamiento institucional explica el régimen jurídico a que se sometió al país a contar del 11 de septiembre. En efecto, con lo dicho queda clara la confrontación directa de las Fuerzas Armadas con la democracia chilena: no permitieron que jugara sus últimas cartas para autorrenovarse, en tanto que se tomaron el poder con la firme decisión de no dejarlo. Lejos de poner en movimiento programas que efectivamente tendieran a normalizar la vida democrática del país, adoptaron todas las acciones posibles para desmantelarla: disolución del Congreso, disolución de los partidos políticos, de los sindicatos, etc. Curiosamente, sólo mantuvieron en pie al Poder Judicial, dirigido por la Corte Suprema. Pero también aquí hubo un paso decisivo hacia el desmantelamiento completo de la democracia: la Junta Militar estableció un Poder Judicial paralelo sometido estrictamente a sus órdenes: Los Tribunales Militares. De modo que todo, poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, quedó en manos de la Junta de Gobierno. A la sociedad se le desarticuló completamente de todo vestigio de vida y organización democrática.

Ante esto, desde el punto de vista del derecho, la cuestión central es: ¿qué sistema, qué régimen jurídico, fue el que substituyó a la democracia?. La respuesta viene determinada por la ideología política que inspiraba a la Junta de Gobierno. Lo principal era esta ideología política y lo trágico fue que encontraron elementos en el ordenamiento jurídico chileno que, aunque falsificados, les permitió vestirse con una apariencia de legalidad ante la opinión pública y lo que es más importante, ante sus propios subordinados militares.

La ideología política era clara y categórica, pero desgraciadamente se definía en forma negativa más que positiva: era el antimarxismo. Es decir, las Fuerzas Armadas se lomaron el Poder no porque se hubiese quebrantado una institucionalidad que ellas iban a restaurar, sino con el cometido específico de «extirpar el cáncer marxista», como lo anunció desde el inicio una de los miembros de la Junta. Restaurar la institucionalidad era un estorbo absoluto para estos propósitos. Todo lo contrario, había que buscar otras cosas, algo que permitiese llevar a cabo su lucha contra el marxismo hasta su total destrucción.

Estas otras cosas, absolutamente diferentes de la institucionalidad democrática que prometían, la encontraron no en las leyes civiles y la Constitución, sino en un cuerpo de leyes ad-hoc, para ellos: el Código de Justicia Militar. Aquí se hablaba de un «estado de guerra» y de un «enemigo» al cual combatir. Esto era justo lo que buscaban.

Bajo este prisma, militarizaron completamente las relaciones entre los diversos grupos y tendencias de la sociedad chilena. Lo que era una pugna política aguda pero democrática, la calificaron «de guerra»: a los que eran opositores los tildaron de «enemigos»: lo que ero una expresión legítima de ideas políticas lo llamaron «traición a la patria». Y, peor todavía, en lugar de asumir un papel imparcial de autoridad que pusiera orden al debate nacional, asumieron una posición unilateral, pero de tal extremismo, como nadie antes había asumido en la sociedad chilena establecida, ni siquiera los elementos políticos de extrema derecha (2). En efecto, a estos últimos -si bien colaboraron y participaron en el Golpe- nunca se les había ocurrido que había que torturar, matar y hacer desaparecer a sus adversarios. Esto fue una mentalidad nueva introducida en la sociedad chilena por las Fuerzas Armadas antes y a partir del 11 de septiembre de 1973 (3). Haber resuelto que la crisis política chilena sólo podía superarse haciendo la guerra a un grupo particular de chilenos es la responsabilidad histórica de las Fuerzas Armadas.

Desgraciadamente, con lo dicho todavía no hemos llegado al fondo de la posición asumida por las Fuerzas Armadas. Porque ocurrió que los militares ni siquiera entendían lo que era de verdad un «Estado de Guerra», tal como lo establecía su propio código de Justicia Militar. Y más aún, tampoco sabían cómo se debe combatir en una guerra, esto es, ignoraban que desde la antigüedad y particularmente desde el siglo pasado existían lo que universalmente se aceptaban como «las reglas y leyes de la guerra». En otras palabras, para «su» guerra, los militares chilenos no aceptaban reglas.

Naturalmente que ninguna de estas cosas las podían admitir públicamente, y el resultado fue la manipulación de un derecho que se reveló como profundamente absurdo, contradictorio e irreal. Es decir, ni siquiera aplicaron el derecho de guerra previsto en el código de Justicia Militar y en el Derecho Internacional, sino que su extremismo llegó al grado de sobrepasa todo derecho y apelaron exclusivamente al uso y abuso de las fuerzas, al margen de lodo orden jurídico establecido o concebible. Esta conclusión emana, en forma nítida, del examen de lo que estipula el derecho de guerra interno o internacional, y la forma arbitraria en que lo invocaron las Fuerzas Armadas.

El Código de Justicia Militar contempla, en efecto, la institución del «Estado de Guerra», pero se trata de una denominación que el código utiliza para designar dos situaciones diversas. Esto es lo primero en que se equivocaron los militares: ignoraban por completo este doble uso que hace el Código de Justicia Militar de la expresión «Estado de Guerra», que se refiere a dos tipos de situaciones completamente divergentes. Esta torpeza en el uso jurídico de su propio Código, emanaba de la precipitación con que las Fuerzas Aunadas identificaron la «guerra» en que ellos decían involucrarse con el «Estado de Guerra» de que hablaba el código.

No es lo mismo en nuestro derecho chileno la «guerra» que el «estado de guerra». Por guerra se entiende una situación bélica y puede ser guerra internacional o guerra civil. En ambos casos el derecho aplicable es el Derecho de Guerra, tanto interno como internacional. El derecho de guerra es diferente al derecho común ya que se ponen en vigencia normas .como el delito de traición, la calificación jurídica de «enemigos» de los adversarios y las normas de neutralidad para terceros Estados. En una guerra los enemigos son beligerantes y tienen igual derecho, por ello, a recurrir a la fuerza. De allí que la condición de enemigo tenga dos características esenciales: primera, se tratado una relación bilateral, no unilateral; es decir, yo no puedo, en derecho, calificar a alguien como mi enemigo si automáticamente no me autocalifico a mí mismo, a la vez, como su enemigo. No existe el enemigo aislado, sólo existen los enemigos recíprocos. Más que de enemigo, lo correcto es hablar de enemistad, o sea, de una relación entre dos partes igualmente calificada la una frente a la oirá. Esto es así porque enemigo significa, precisamente en derecho, la facultad de recurrir a la fuerza una parte contra la otra con la misma facultad. Y esto nos lleva a la segunda característica del término enemigo: ser enemigo es una condición legal, no criminal. Si fuera criminal, como su noción es bilateral, querría decir que al calificar yo a alguien de criminal por ser enemigo, me estaría yo mismo calificando como criminal frente a él. Los enemigos recurren al uso legítimo de la fuerza el uno contra el otro, precisamente porque el derecho de la guerra los faculta a tal cosa por parejo, de modo que ambos están en una situación legal no criminal. De allí que si una parte captura a un enemigo de la otra parte, no puede juzgarlo ni castigarlo por haber lomado las armas. Lo único a que está facultado es a hacer de él un prisionero de guerra. Ahora bien, los prisioneros de guerra mantienen todos sus derechos de tales y de ninguna manera se les considera criminales encerrados a los cuales haya que juzgar por haber recurrido a la fuerza. Al revés, ser enemigo es tener la atribución jurídica de recurrir a la fuerza y de no ser juzgado por ello. En esto consiste una guerra para el derecho, ya sea internacional o civil. (4)

El Código de Justicia Militar chileno, en primer lugar, le da precisamente este sentido a la institución del «estado de guerra»: hay estado de guerra cuando el país se encuentra involucrado de verdad en una guerra, sea internacional o civil. Pero el problema está en que el Código usa en segundo lugar, la misma expresión «estado de guerra», para designar una situación interna que no es guerra. Si esta nueva situación se define por no ser guerra, quiere decir que el derecho de la guerra no le es aplicable: es decir, no hay enemigo, no hay delito de traición y los terceros Estados no están obligados a regirse por las normas de la neutralidad. En estricto sentido, lo que hay en esta segunda situación no es un «estado de guerra», sino un «estado de rebelión» o «estado de insurrección» (5). Esta es justamente la situación a que alude el Código cuando en este segundo sentido usa la expresión «estado de guerra». Lo que se ha producido no es una guerra donde ambas partes son enemigos con derecho igual a recurrir a la fuerza el uno contra el otro, sino que lo que se ha producido es una rebelión o una insurrección de un grupo dentro del país que no tiene derecho a recurrir a la fuerza en contra de Fuerzas Armadas gubernamentales, que por representar al gobierno establecido, tienen derecho a recurrir a la fuerza. Como se observa, el rebelde o el insurrecto no puede ser enemigo porque no tiene derecho a recurrir a la fuerza y su situación es exactamente contraria a la del enemigo, ya que aquí el rebelde es una condición unilateral (el Gobierno establecido no es rebelde (6) y además, está cometiendo un delito al recurrir a la fuerza (el Gobierno establecido no comete delito al aplastar la rebelión). Pero queda claro que esta segunda aplicación del término «Estado de Guerra» a una situación que se define por no ser guerra, no es susceptible, como se dijo, de que se le aplique el derecho de la guerra del cual es parte esencial, el delito de traición. Resulta, pues, que el rebelde, si bien comete un delito, no puede cometer el delito de traición, porque por definición no está en guerra. Su delito es el de rebelión, el que no acarrea consigo la pena de muerte que sí lleva el delito de traición, que es el más grave.

El Gobierno Militar nunca entendió esta distinción elemental y esta doble aplicación que el Código da a la institución del «Estado de Guerra» y. en cambio, hizo un engendro jurídico de ambas situaciones calificando a sus oponentes a la vez: de enemigos, de traidores y de rebeldes.

Si los calificaba de enemigos debió haberles reconocido el derecho a recurrir a la fuerza, lo que no les reconocía: si eran enemigos debió haberles dado el trato de prisioneros de guerra y no de delincuentes, lo que se rehusaba a hacer; de la misma manera, si eran enemigos, por ser tales no cometían el delito de traición, lo que el gobierno militar sí consideró que cometían: y, en cuarto lugar, si eran enemigos tampoco podía calificárseles de rebeldes criminales, de lo que sí los acuso el gobierno militar. Todo esto constituiría sólo una amalgama antijurídica de quien no es capaz de pensar en términos jurídicos: pero lo grave es que al aplicar, en contra de toda racionalidad, el delito de traición a quienes no podían ser, en el peor de los casos más que rebeldes, les sancionaba con la pena de muerte. Todo esto no era más que un empecinamiento en destruir a alguien bajo la apariencia de estar aplicando una Ley cuya «lógica» sólo podía convencer a mentes por completo ajenas a los más elementales principios de derecho. Que quede claro: la sola aplicación de este engendro jurídico de por sí constituía una violación del derecho humano al debido proceso de los inculpados. (7)

De acuerdo a lo que se ha expresado, hay que diferenciar nítidamente dos «estados de guerra» distintos en Código: distintos, porque el derecho aplicable en un caso, es diverso al derecho que se aplica en el otro. En el «Estado de Guerra», que se declara cuando de verdad existe una guerra, internacional o civil, se aplica el derecho interno e internacional de la guerra, a cuyo contenido ya se hizo alusión. En cambio, en el «Estado de Guerra» que se declara porque hay una rebelión o una insurrección y no una guerra, el derecho que se aplica es el derecho penal civil y militar. Si el derecho que se aplica es distinto en uno y otro caso, conviene explicitar esto en la denominación de la institución jurídica que nos ocupa y vamos a llamar «Estado de guerra beligerante» al caso en que hay guerra: y «Estado de guerra penal» al caso en que lo que hay es una rebelión o insurrección.

Pero adelantemos más. Ciertamente no hubo en Chile la situación de guerra internacional y nunca el Gobierno Militar ha sugerido tal cosa. Pero una guerra civil, ¿la hubo en Chile? Es ahora el momento de definir con toda claridad tres términos que he utilizado con perfecta conciencia de su definición: rebelión, insurrección y guerra civil. El derecho, tanto interno como internacional, distingue con pleno fundamento objetivo las tres situaciones.

Hay rebelión cuando un grupo armado se ha levantado en contra de la autoridad constituida, desplazándose por diversas partes del territorio nacional, pero sin control efectivo de ninguna localidad de ese territorio. Se producen choques armados, enfrentamientos más o menos prolongados, de mayor o menor envergadura entre los rebeldes y las fuerzas gubernamentales; en que los rebeldes triunfan ocasionalmente o son derrotados en un punto u otro, pero en última instancia se ocultan para preparar y dar nuevas confrontaciones. Esto es, en derecho, una rebelión. A los rebeldes, si son capturados, se les juzga por haber cometido el delito de rebelión tipificado en los códigos penales civil y militar. (8)

Si la rebelión no es en definitiva derrotada sino que, por el contrario, crece y presenta triunfos militares que la llevan a controlar una parle del territorio nacional: por ejemplo un departamento, provincia, etc. la rebelión se convierte en una insurrección. Controlar una parte del territorio es ejercer la autoridad en esa localidad. Los habitantes del lugar obedecen las órdenes de los insurgentes. Este ha sido el caso en El Salvador, donde a pesar de haber un único Gobierno establecido, hay zonas controladas por los insurgentes. Pero si los Insurgentes son capturados por las fuerzas gubernamentales se les juzga al igual que a los rebeldes, esto es, los insurgentes en cuanto tales, son también delincuentes ante la Ley. Sin embargo, el hecho de haber logrado el status de insurgentes, lleva a que el Gobierno central, y en particular la comunidad internacional, no los trate ya como a simples criminales sino como representantes de un movimiento político, es decir, no se les aplica tan categóricamente la Ley Penal. Con todo, el insurgente no tiene derecho a recurrir a la fuerza de modo que sus acciones armadas continúan siendo, al igual que en la rebelión, un delito.

Distinta es la situación cuando los insurgentes han crecido en tales proporciones que de hecho ocupan prácticamente la mitad del territorio nacional y ejercen en él su autoridad y, en definitiva, diputan al gobierno central el ejercicio del poder de igual a igual sobre la nación. En esta situación la soberanía nacional está rota, se da en forma doble en el país, hasta el punto que terceros Estados no saben con cuál de las dos piules deben conducir sus relaciones internacionales. Esta, y sólo ésta, es la situación que se llama ya no rebelión ni insurrección, sino guerra civil. Aquí las dos partes que se enfrentan están en igualdad de condiciones. En la rebelión y la insurrección había una sola autoridad dominante en el país, de modo que el gobierno establecido tenía el poder y el derecho de calificar y juzgar a los rebeldes o insurrectos como criminales y les aplicaba el derecho penal del Estado. Pero en esta nueva situación de igualdad ya no puede decir el Gobierno establecido que el país le obedece y reconoce en él la autoridad legítima de la nación: no es así, porque hay no menos que la mitad del país que acata la autoridad de quienes se oponen a ese gobierno establecido. Esta situación entra, desde ese momento, a ser reglada ya no por el derecho penal que se aplica a desiguales, sino por el derecho internacional de la guerra que se aplica a iguales. Los insurrectos se han convertido ahora en beligerantes y adquieren la condición de enemigos: esto es, se han ganado el derecho a recurrir a la fuerza en las mismas condiciones en que el gobierno central recurre a la fuerza en contra de ello. Si son capturados ya no pueden ser juzgados como criminales sino que gozan del estatuto de prisioneros de guerra. Y lo mismo, naturalmente, vale para los seguidores del gobierno central que son capturados por sus opositores. Esto, y sólo esto, es una guerra civil, que se rige ya no por el derecho penal del Estado donde ocurre, sino por un nuevo derecho que pone a ambas partes en un pie de igualdad jurídica y que no es otro que el derecho internacional de la guerra. Es decir, se trata al conflicto como si fuera un conflicto entre Estados y ello es lógico, ya que de hecho son dos autoridades distintas con igual pretensión la una de doblegar a la otra. Esta situación se dio, por ejemplo, en la correctamente llamada guerra civil de los Estados Unidos en 1862.

Los Estados del Norte, aceptaron que los Estados del Sur cuestionaban radicalmente su autoridad en éstos últimos y que habitantes sureños obedecían a las autoridades del sur y no a las del norte. El Presidente Lincoln aplicó con absoluta claridad las leyes que norman una guerra civil, esto es, el derecho internacional de la guerra y no el Código Penal civil o militar norteamericano. Los secesionistas del sur fueron expresamente catalogados no de rebeldes o insurrectos sino de enemigos con sus derechos de tal. Y otro tanto ocurrió en el conflicto en Nicaragua, en 1978. Este caso tiene un interés particular, porque en él comprobamos una evolución completa de los conceptos jurídicos que hemos definido.

Todo comenzó con una rebelión de grupos armados sandinistas. Pero los rebeldes lograron controlar algunas localidades y con ello se convirtieron en insurrectos. Posteriormente, a los insurrectos se plegó tal cantidad de nicaragüenses, que la oposición a Somoza llegó a ocupar la mitad del país y le disputó la soberanía nacional a éste último. Transformadas así las cosas, los Países del Grupo Andino, reconocieron la beligerancia de los opositores a Somoza, y la situación se convirtió en una guerra civil, que terminó con el derrocamiento del dictador.

Lo expuesto deja absolutamente claro que después del 11 de septiembre de 1973, jamás hubo en Chile una guerra civil, ni una insurrección y ni siquiera una rebelión militarizada. Los hechos analizados en este libro, que para el Gobierno Militar fueron los más graves ocurridos en el país después del Golpe de Estado, muestren hasta la saciedad que en la localidad de Neltume, Chihuío y Liquiñe, no hubo enfrentamientos armados. Los partidarios del régimen democrático derrocado se entregaron «casi sin resistencia», se repite por los testigos. Si no había conflicto armado no existía la más mínima base legal pare declarar un «estado de guerra» ni beligerante ni penal, en el territorio nacional. Más aún, es absolutamente claro que los partidarios del gobierno democrático establecido, tenían todo el derecho para resistirse a lo que sí era una auténtica rebelión: la sedición militar. Pero ni siquiera ocurrió esto, salvo en el enfrentamiento que por horas se produjo en el Palacio de La Moneda en Santiago. Una vez que los militares se tomaron el poder y se constituyeron en la autoridad establecida en el país, ya en la tarde del mismo día 11, no hubo movimientos armados en su contra, salvo, con bastante posterioridad, acontecimientos esporádicos, entre los servicios de seguridad militares y grupos aislados del MIR, que no pasan de ser eventos absolutamente controlables por las leyes comunes y que en ningún caso dan pie para decretar nada menos que un «Estado de Guerra» en todo el territorio nacional.

El «estado de guerra» que se declaró, pues, no pasa de ser un mero disfraz jurídico, tras el cual se desaló cruelmente la represión militar unilateral en contra de personas que se perseguían por su opinión política. Y lo que todavía sorprende en este análisis, y lleno de características notables por la arbitrariedad de la manipulación jurídica en que incurrió el gobierno militar, es que las Fuerzas Armadas, tras esta fachada jurídica, se hayan sentido con el derecho a destruir a ese quimérico «enemigo» con los métodos que quisieran. Porque si se plantean las cosas en los términos de un «estado de guerra» en que la plantearon los militares, la mínima conciencia que estos debieran haber tenido es que había reglas para los conflictos armados, que debían ser respetadas. No tiene derecho un miembro de las Fuerzas Amadas a levantar su arma en contra de alguien si no sabe que existe una diferencia decisiva entre lo que es un acto legítimo de guerra y lo que es un crimen de guerra. Chile publicó en el Diario Oficial de la República, las leyes y reglas de la guerra ya con ocasión de la guerra de 1879. Asimismo, nuestro país ratificó en abril de 1951 los Convenios de Ginebra de 1949, relativos a los conflictos armados tanto internos como internacionales. Estos últimos Convenios en su Art. 3 relativos a los conflictos internos, prohíben en términos absolutos, las siguientes cuatro situaciones: los atentados arbitrarios a la vida, la tortura, la toma de rehenes y los juicios irregulares. La comisión de estos hechos son constitutivas de crímenes de guerra. Es por ello que, al día de hoy nos llame todavía tan hondamente la atención el -que el Ejército, ante los hechos comprobados de la Comisión de Verdad y Reconciliación, se defienda aludiendo a que estuvo comprometido en una guerra. Si lo estuvo, él mismo se -incrimina a la luz de los Convenios de Ginebra.

En todo caso, las terribles violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo el gobierno militar son, o crímenes de guerra, si se acepta la tesis de la existencia real de un «Estado de Guerra», o crímenes contra la humanidad, si no se la acepta. En ambos casos, se trata de crímenes internacionales que no pueden borrar una Ley de Amnistía dictada sólo para crímenes castigados por el Derecho Nacional civil o militar. Si el Gobierno Militar se sintió obligado a dictar tal amnistía, es porque tenía conciencia de que se habían cometido numerosos y muy graves delitos. Lo que ignoraba, sin embargo, es que la naturaleza jurídica de esos delitos era la de crímenes internacionales que su ley de amnistía no tiene capacidad legal para borrar en su dimensión supranacional. Pesa y pesara sobre el actual del gobierno y de los futuros gobiernos democráticos de Chile, la obligación internacional de enjuiciar a los responsables de tales crímenes, que la comunidad de naciones civilizadas, dada su gravedad, ha calificado de imprescriptibles e inamnistiables. Las víctimas mencionadas en este libro se merecen no sólo la rehabilitación moral, que aquí se les hace, sino nuestro firme compromiso con la Justicia, única capaz de fundar una democracia, de hacerle verdadero honor a la Patria y de recuperar nuestros valores históricos.

Notas

  1. «… Pero Allende confiaba en un triunfo en el plebiscito. Se lo señaló el día jueves 6 de septiembre al ex Secretario General del Partido demócrata Cristiano, Belisario Velasco.

Este había concurrido a conversar con el después de varias reuniones sostenidas por el grupo de la Democracia Cristiana encabezada por el senador Renán Fuentealba y el diputado Bernardo Leighton…» (El día en que murió Allende. Ignacio González Camus. Santiago 1988).

  1. Esta investigación demuestra la participación de la derecha:
  2. a) A través de la manipulación sico-ideológica que realizaron mediante sus diarios oficiales: «Focos Guerrilleros», «Extranjeros en armas». «Fuerzas cubanas en el Complejo», «Comandante Pepe…».
  3. b) Por la creación de grupos paramilitares como «Patria y Libertad».
  4. c) La incitación a los militares para que dieran el Golpe.
  5. d) Por último, la participación activa de personas y familias de derecha en los hechos relatados.
  6. El Mercurio, del 18 de septiembre de 1973 informa de la preparación de Brigadas Especiales Contra Guerrillas.

Desde mucho antes del Golpe, ya se había introducido en las Fuerzas Armadas chilenas la Doctrina de la Seguridad Nacional y se había elaborado la Estrategia de la Contrainsurgencia.

  1. A los doce ejecutados de Neltume no les corresponde, de ninguna manera, el adjetivo de «enemigos», «extremistas», «subversivos», entre otros.

Si hubieran enfrentado realmente a las FFAA, al menos debiera habérseles calificado y tratado como Prisioneros de Guerra.

  1. Lo ocurrido en Neltume no puede catalogarse de «rebelión» o «insurrección»:
  2. a) No había «Focos Guerrilleros» ni «Territorios ocupados».
  3. b) No había y nunca se encontraron extranjeros ni menos cubanos.
  4. c) Todas las personas estaban desaunadas al momento de la detención y no opusieron resistencia.
  5. d) Las características del «asalto al Retén de Neltume» se refieren nías bien a un acto de acoso o de interpelación a fuerzas policiales, que a un acto de violencia o de enfrentamiento.
  6. El «Asalto al Reten de Neltume» acontece en la madrugada del 12 de septiembre de 1973. y a más de 700 kms. de la capital del país. Santiago. Por lo tanto, los habitantes de Neltume no podían tener conocimiento cabal acerca de quién detentaba, legítimamente, el ejercicio del poder estatal; cabe recordar que sólo el 18 de septiembre de 1973 de publicó el Decreto Ley No 1 el que constituye formalmente la Junta Militar de Gobierno y que recién el día 22 de septiembre de 1973, en el Diario Oficial Nº 28.657 se publicó el Decreto Ley Nº 5 en el cual se declara que el Estado de Sitio (que se había impuesto el 11 de septiembre) debe entenderse como «Estado o Tiempo de Guerra».

Por otra parte, constituye norma esencial de nuestro ordenamiento legal, que ninguna norma jurídica es valida si no esta publicada en el Diario oficial. De modo que en caso alguno el asalto al Retén de Neltume puede entenderse jurídicamente como un delito cometido en Tiempo de Guerra.

Se deduce obligatoriamente que las personas que participaron en dicho asalto lo hacían en la creencia que -mediante esa acción- ellos defendían el poder constituido, es decir al Gobierno del Presidente Salvador Allende.

  1. La intención de destruir mas que de hacer justicia queda en evidencia a través de la irregularidades. cometidas en los dos Consejos de Guerra que determinaron la ejecución de doce personas. Esta investigación no ha podido determinar quien convocó a dichos Consejos. Las actas no son conocidas. Las sentencias fueron aprobadas por la Junta Militar de Gobierno. De acuerdo a las informaciones de la prensa hemos podido determinar que la autoridad máxima, administrativa y militar, era el General Héctor Bravo Muñoz, que el Fiscal de Carabineros era el abogado Eugenio Herrera y el Fiscal Militar Juan Michelssen Délano. Pero se ignora quién fue el auditor de estos Consejos de Guerra y quiénes fueron los vocales. Tampoco se sabe quién fue el Fiscal que instruyó el sumario y elaboró el Dictamen. Lo que sí podemos afirmar es que los familiares no supieron de la realización de dichos Consejos y no pudieron, por lo tanto, nombrar a un abogado defensor. Tampoco pudieron nombrar un abogado los doce sentenciados, teniendo derecho legal a hacerlo. Podemos deducir, por lo tanto, que el abogado defensor fue nombrado de oficio por el Fiscal. En todo caso, la sentencia de muerte no pudo ser apelada ni fue conocida por la Corte Suprema, ya que ésta contestó y sigue contestando -como explicación de su no participación- que Chile se encontraba en Estado de Guerra.

Recordemos además, que dos ejecutados ni siquiera estaban en Neltume en el momento del asalto y fueron acusados de ser autores intelectuales de este hecho.

  1. A este respecto conviene resaltar que en lodo este periodo definido por las Fuerzas Armadas como «Estado de Guerra» muere sólo un carabinero en esa zona cordillerana, en el mes de noviembre de 1973. Y dos militantes del MIR, «que habrían muerto en un enfrenamiento, fueron, de acuerdo la Comisión de Verdad y Reconciliación, asesinados en una emboscada.

 

EL CAPITAL  TOMO I I

Párrafo 32:

En M`… M`, la producción  presupone la existencia de capital en forma de mercancías; y este capital reaparece como premisa dentro del mismo ciclo, en la segunda M. Si esta M no se ha producido o reproducido aún, el ciclo se interrumpe; es necesario que esta M se reproduzca, en su mayor parte, como M de otro capital industrial. En este ciclo, M` existe como punto de partida, punto de transición y punto final del movimiento; aparece, por tanto, constantemente. Es condición constante del proceso de producción.

– Página –84 —   El CAPITAL “TOMO I I” –Traducción de Wenceslao Roces – Primera edición en alemán tomo I — 1867- Primera edición en Español 1946- tercera reimpresión 2006 – Fondo De Cultura Económica México Comentarios y sugerencias : Editorial@fondodeculturaeconomica.com  en Chile a /httpmarxismo-cl/ o bien Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl o Twitter    Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl

https://unidadmpt.wordpress.com/2012/05/08/transcribiremos-a-la-letra-el-capital-de-carlos-marx-tomo-uno/

¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BLOG!   

Tweets mentioning @Daniel206_73

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Antícapitaslista, ¡¡¡ Unidad Latinoamericana !!!, Campesinos- Jornaleros, chile, Compañero Presidente Doctor salvador Allende, Ex Presos Politicos, Peones - Proletarios, SUTRA-CHILE, Trabajadores al Poder, unidad, Varios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s