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Trabajadores de Chile Chico llaman a paro y marcha por rescate de mineros atrapados

MINEROS ATRAPADOS

http://www.laizquierdadiario.cl/Chile

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Minera Cerro Bayo, llaman a paralizar y marchar para este 25 de junio por los dos mineros atrapados en la mina.

“Si el gobierno no hace nada ni la empresa tampoco, estamos nosotros, sus amigos, sus hermanos y colegas”

Frente a las malas noticias que entregaron las autoridades de la cartera del Ministerio de Minería, junto con el Ejército, los trabajadores de la minera Cerro Bayo anunciaron una paralización y marcha para el día domingo 25 de junio, a las 15.00 horas.

En tanto, colegas de los mineros atrapados han expresado en redes sociales el trabajo intenso de búsqueda a los 13 días del accidente.

 

“Ni el gobierno, ni los milicos, ni la empresa, solo un grupo de amigos y colegas, los pocos amigos del grupo 3 que quedamos en la lucha por sacar a nuestros amigos, no bajaremos los brazos hasta verlos afuera del túnel. Si el gobierno no hace nada, ni la empresa tampoco, estamos nosotros sus amigos, sus hermanos, sus colegas, que cada día tratamos de hacer lo máximo por drenar la puta laguna. ¡Vamos Jorge y Chuma! No nos rendiremos tan rápido“, asegura un colega de los mineros atrapados.

 

EL CAPITAL  TOMO I I

CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA

CARLOS MARX

LIBRO SEGUNDO

Capítulo III

LA METAMORFOSIS DEL CAPITAL Y SU CICLO

Párrafo 01:

Luego, en la segunda m—d—m, que tiene también que existir como mercancía para poder ser comprada. En todo caso, trátese o no de capital-mercancías, T y Mp. son no más ni menos que M` y se comportan entre sí como mercancías. Lo mismo con la segunda m en m–d–m. Por tanto, en la medida en que M`==M (T+Mp.), sus elementos integrantes son mercancías, debiendo reponerse en la circulación por otras mercancías iguales; del mismo modo que en m—d—la segunda m tiene que reponerse en la circulación por otras mercancías iguales.

– Página –86 —   El CAPITAL “TOMO I I” –Traducción de Wenceslao Roces – Primera edición en alemán tomo I — 1867- Primera edición en Español 1946- tercera reimpresión 2006 – Fondo De Cultura Económica México Comentarios y sugerencias : Editorial@fondodeculturaeconomica.com  en Chile a /httpmarxismo-cl/ o bien Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl o Twitter    Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl

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35 años robando y estafando: El escandaloso prontuario delictual de Sebastián Piñera

No deja de ser curioso que Sebastián Piñera, cada vez que lo acusan de corrupción, tanto él como sus defensores acusan que es “una campaña en su contra”, argumento que utilizan todos los delincuentes para victimizarse. El punto es que, siendo abogados del diablo, podríamos decir que efectivamente existe una campaña en su contra si fuera un caso, tal vez dos, quizás hasta tres escándalos de corrupción. Pero en el caso de Piñera, estamos hablando de toda una vida cometiendo delitos. Más de 30 años de robos, desfalcos y estafas, que lejos de ser “campañas en su contra”, revelan que no sólo estamos frente a un tipo increíblemente corrupto, sino que de un delincuente con todas su letras. Enumeremos:

http://www.gamba.cl/

Banco de Talca

El 28 de agosto de 1982 está marcado en el calendario personal de Sebastián Piñera como el peor día de su vida. Uno que ha querido olvidar y dejar enterrado en el pasado, pero que no lo ha abandonado en sus pesadillas. Ese día, el entonces ministro Luis Correa Bulo lo declaró reo y ordenó su arresto por fraude en contra del Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos. En el mismo dictamen amplió los cargos contra Miguel Calaf y Alberto Danioni, a esa fecha socios de Piñera y controladores del Banco de Talca, quienes ya se encontraban recluidos en el Anexo Cárcel Capuchinos. Piñera salvó de ser detenido porque, advertido de la decisión judicial, optó por huir de la justicia y se mantuvo oculto durante 24 días, tiempo que demoraron sus abogados en tramitar un recurso de amparo a su favor que le garantizó su libertad. Sólo entonces, volvió y se presentó a tribunales. Al final fue salvado por la Ministra de la Dictadura Mónica Madariaga.

Caso Cascadas

Patricio Phillips, director de las empresas Cascadas, declaró a la Comisión Investigadora que el ex presidente Sebastián Piñera tuvo una vinculación directa con el caso Cascadas. Phillips expuso una serie de antecedentes que a su juicio, dan cuenta de las negociaciones que el ex presidente Piñera encabezó con el fin de conseguir la fusión de las empresas Cascadas, como una manera de mejorar su posición en el negocio. Según Phillips, Piñera habría pedido a Julio Ponce Lerou una compensación de 70 millones de dólares, a través de la corredora Moneda Asset y otros intermediarios para terminar el conflicto por Cascadas. Frente a la negativa por parte del controlador de Soquimich, Piñera habría mandatado al abogado Darío Calderón, que actuaba como negociador frente a Julio Ponce, en orden a conseguir la fusión de las Cascadas.

Caso Chispas

El Caso Chispas, también llamado «el negocio del siglo», fue un escándalo bursátil y político ocurrido en Chile en 1997. Se originó por la compra de acciones de la empresa Endesa España a la compañía chilena Enersis, lo que tuvo un amplio impacto político al alcanzar al entonces candidato presidencial Sebastián Piñera y cuestionar las privatizaciones de empresas públicas a fines de la «era Pinochet». Posteriormente, en 2004, la justicia condenó a los implicados con el pago de USD $75 millones en multas, siendo sus ganancias totales de más de 400 millones

Colusión Lan Cargo

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió multar a Sebastián Piñera Echeñique, director de LAN Airlines S.A, por haber infringido la prohibición de comprar acciones que la Ley del Mercado de Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada. En consecuencia, la SVS resolvió multar a Piñera por UF 19.470 ($363 millones), por la operación mediante la cual adquirió, a través de la sociedad Santa Cecilia S.A., un total de 3 millones de acciones de LAN Airlines S.A., por un monto de $9.840 millones, el 24 de julio de 2006. Esto, dado que en su calidad de director, al momento en que realizó la compra, conocía en detalle los estados financieros de esa sociedad (al segundo trimestre de 2006), los cuales no eran de público conocimiento.

Caso Penta

El año 2009, mientras ejercía como gerente de administración y finanzas de Bancard –controladora de Bancorp–, Santiago Valdés era también el administrador electoral de la campaña de Piñera. Estaba encargado de la caja y veía los flujos de dinero de la apuesta presidencial del entonces dueño de Blanco y Negro y CHV. Uno de esos contratos era por 50 millones de pesos, cuando Piñera era candidato presidencial.

Caso SQM

El jefe de finanzas de SQM, Gerardo Illanes, se refirió a las cinco facturas por $ 22 millones ($ 110 millones en total) que la empresa de Sebastián Piñera, Bancorp emitió a SQM, asegurando que “esos servicios no existieron”. Esta versión coincide con la rectificación presentada por SQM ante el SII, donde ya había reconocido que Bancorp jamás les había prestado servicios pese a recibir el dinero. Esto contradice a la firma ligada al ex Mandatario, que señaló que los servicios y asesorías si se habían realizado.

Triangulaciones en CHV

En 2009 cuando Sebastián Piñera era dueño de Chilevisión, se pagaron los bonos por desempeño a los altos ejecutivos. Ese mismo año el director ejecutivo del canal, Jaime de Aguirre, a través de su sociedad Inversiones La Música Limitada, emitió boletas a cuatro empresas por un total de $130 millones por dicho concepto. Hasta ahora se sabe que el bono de desempeño lo pagaron Soquimich –a través de tres boletas por $45 millones– y Aguas Andinas –por la vía de tres boletas por $30 millones–. A esas compañías se suman otras dos que completan los $130 millones. Una de ellas sería una empresa también regulada. Información recogida por El Mostrador indica que esta fórmula fue solicitada por Piñera y Bancard a las cuatro compañías.

Aportes ilegales del Grupo Said

Una rectificación tributaria realizada por el Grupo Said, (Banco BBVA, Embotelladora Andina, Parque Arauco, Isapre Cruz Blanca), reveló 100 millones de pesos entregados por servicios no prestados a sociedades de Piñera en período electoral, los que no cuentan con ningún tipo de respaldo contable. A través de Inversiones Caburga, los Said Somavía destinaron $50 millones a dos sociedades del ex mandatario: Inmobiliaria El Boldo ($41,7 millones) e Inversiones Santa Cecilia ($8,2 millones). A través de Newport (que hoy opera como Inversiones Santa Virginia), los Said Handal cooperaron con una cifra idéntica, $50 millones, pero repartidos en tres sociedades: Bancard, Inmobiliaria El Boldo e Inversiones Santa Cecilia.

Forwards con Bancorp

Según el testimonio de Iván Rojas, ejecutivo del grupo Cruzat, el contrato forward firmado entre Bancorp –ligada a los negocios de Sebastián Piñera– y CB el 7 de diciembre del 2009, le fue encargado por Hugo Bravo, al igual que otros 101 documentos financieros que entregó a la Fiscalía a fines de febrero. La firma de ese contrato corrió por parte de la hermana del “Choclo” Délano, Ana María, y de Santiago Valdés, hijo de uno de los mejores amigos del ex presidente, Fabio Valdés, director de Canal 13 y de empresas Penta. Un dato no mencionado hasta ahora es que el 2009, mientras ejercía como gerente de administración y finanzas de Bancard –controladora de Bancorp–, Santiago Valdés era también el administrador electoral de la campaña de Piñera. Estaba encargado de la caja y veía los flujos de dinero de la apuesta presidencial del entonces dueño de Blanco y Negro y CHV. Incluso, un reportaje de Ciper mencionó que era conocido como el “ministro de Hacienda de la campaña”.

Milicogate

El gobierno de Sebastián Piñera realizó millonarios traspasos financieros entre Chile y el extranjero con los excedentes provenientes de la Ley Reservada del Cobre sin informar sus detalles al Congreso ni la ciudadanía (…) La operación comenzó el año 2010 bajo la dirección del ministro de Hacienda, Felipe Larraín y el titular de Defensa, Jaime Ravinet. “En una sesión secreta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, se nos dijo que por un tema de liquidez era preferible traer los fondos a Chile desde Estados Unidos”, explicó el diputado Rincón. “Se temía que en caso de guerra hubiera un embargo de estos recursos”

Sociedades truchas en Panamá

Cecilia Morel, la señora de Sebastián Piñera, tiene sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Panamá. En concreto, se trata de dos sociedades que datan de los años 80´s que aún se mantienen vigentes.

Autopréstamos para evadir impuestos

El ex Presidente Sebastián Piñera utilizó el mecanismo de las donaciones políticas, que puede generar beneficios tributarios, para aportar $2.075 millones a Renovación Nacional. Dicho dinero fue utilizado por el partido para pagar una deuda que mantenía con el mismo ex Mandatario. De alguna forma, fue como si Piñera hubiese sacado plata de un bolsillo para meterla en el otro. Una vez en La Moneda, Piñera implementó la fórmula con que RN saldaría la deuda. En mayo de 2010, cerró la venta de Axxion, la sociedad a través de la cual tenía participación en Lan. El Grupo Bethia desembolsó US$ 1.500 millones y asumió los pasivos y compromisos de Axxion. Entre estos últimos se encontraba la donación de los $ 2.075 millones a Renovación Nacional. Los aportes se realizaron de manera pública a través del Servicio Electoral (Servel) entre julio y diciembre de 2010.

Coimas en LAN

Luego de jurar que jamás se había reunido con el condenado por corrupción ex ministro de Transportes de Argentina, Ricardo Jaime, esto en medio de las investigaciones por el pago de coimas en las operaciones de LAN, tras aparecer evidencia que demostraba lo contrario, a Piñera no le quedó otra alternativa que cambiar su versión y reconocer que SI se había reunido con él:

Aparecer como corrupto en Transparencia Internacional

En el “Informe Global de la Corrupción 2009: La corrupción y el sector privado”, elaborado por Transparencia Internacional (organismo dedicado a combatir la corrupción política), en la sección dedicada a Chile apareció Sebastián Piñera, por el caso del abuso de información privilegiada en la compra de acciones de LAN.

Hasta sus hijos hacían boletas falsas

Administradora Bancorp y Vox Populi son las sociedades relacionadas con el ex presidente Piñera que figuran en la denuncia de Impuestos Internos. A la primera se le cuestionan 15 facturas emitidas a SQM por una suma global de $318 millones. A la segunda, cinco facturas por $26 millones. Los representantes legales de ambas sociedades forman parte del círculo más cercano del ex presidente: sus hijos Magdalena y Sebastián Piñera Morel; el gerente general de su family office, Nicolás Noguera Correa; su gerente de inversiones y finanzas, Javier Cavagnaro Infante; su amigo y hombre de confianza, José Cox Donoso; los ejecutivos de Bancard, Eduardo Befferman Córdova y Cristóbal Silva Lombardi; y Catalina Lamarca Délano, sobrina de su amigo personal y controlador de Penta –hoy en prisión preventiva–, Carlos Alberto Délano.

Hacer negocios utilizando información privilegiada mientras era Presidente

Sebastián Piñera, mientras aún era Presidente, compró acciones de una empresa pesquera peruana beneficiada por el fallo de La Haya. La BBC Mundo informó: “Apenas comenzaba a vislumbrarse como la carta más segura del centroderecha chileno para las presidenciales 2018 cuando comenzaron los problemas en su incipiente candidatura. Sebastián Piñera, presidente de Chile entre 2010 y 2014, debió salir la tarde del lunes a dar explicaciones de por qué la matriz de su holding de inversiones, Bancard, invirtió en una compañía pesquera peruana. Según datos contenidos en sus memorias anuales, Exalmar es la cuarta productora de harina de pescado de Perú, país que a su vez es el primer productor y exportador de la materia prima. Hoy la matriz de Piñera cuenta con un 9,10% de la propiedad, siendo el segundo accionista más importante de la pesquera, según consta en las declaraciones financieras de Exalmar.

Esconder su fortuna en Paraísos Fiscales

El diputado Leonardo Soto (PS) ofició a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF), servicio especializado en impedir el lavado de activos, con el fin de recabar antecedentes sobre eventuales delitos asociados a las operaciones de la sociedad que administra fondos de Sebastián Piñera en el extranjero: Bancard International Investment. Esto, debido a que la sociedad específica que invirtió las acciones del ex Mandatario en Exalmar está domiciliada en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, lo que “desde el punto de vista de la comunidad internacional podría significar la existencia de blanqueo, lavado de activo o fraude al fisco”, según indica el diputado. El parlamentario recuerda que el precandidato presidencial de la UDI y ex ministro del Gobierno de Sebastián Piñera, Laurence Golborne, se retiró de la carrera en 2013, cuando se dio a conocer que tenía parte de su patrimonio en paraísos fiscales.

Caso Exalmar

Luego de 3 meses sin entregar los correos que le pedía la Fiscalía, y tras ser citado a declarar en calidad de imputado, Radio Bío Bío reveló la existencia de un correo que demuestra que Sebastián Piñera Morel, hijo del ex mandatario, estaba en conocimiento de la inversión que Bancard realizó en la Empresa Pesquera Exalmar S.A. Negocio que recordemos, Piñera realizó mientras aún era Presidente utilizando información privilegiada y que le reportó millonarias ganancias mientras Chile perdía en La Haya. Como consigna Radio Bío Bío, el correo electrónico da cuenta del informe respecto del negocio que Cristóbal Silva, analista y asesor de Bancard, entrega a Nicolás Noguera, Carlos Marinetti y Sebastián Piñera hijo. En el texto, Cristóbal Silva entrega los argumentos por los cuales rechaza el, hasta ese momento, eventual negocio. Dice, entre otras cosas, que le parece un negocio estacional, con altos requerimientos de capital de trabajo, expuesto a cambio de regulaciones y al fenómeno del niño

Minera Dominga

Una investigación de Radio Bío Bío, denunció los intereses que tenía Piñera cuando en el año 2010 anunció la bajada de la Central Termoeléctrica Barrancones: Su familia era una de los principales accionistas de un negocio que pretendía instalarse en el mismo sector con Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga. Todo esto, en una operación por más de 6.765 millones de pesos. Sebastián Piñera llevaba apenas seis meses como Presidente de Chile cuando el 26 de agosto de 2010 anunció que la Central Termoeléctrica Barrancones ya no iba más. Lo que no mencionó Piñera en esa oportunidad -ni en ninguna otra- es que él, sus cuatro hijos, dos de sus ejecutivos de mayor confianza y un amigo cercano, tenían profundos intereses comerciales en la zona donde se instalaría la termoeléctrica. Todos formaban parte de un proyecto que se venía gestando desde hacía más de un año, que por esos días agarraba fuerza y que sólo unos meses después empezaría a tramitarse en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Cuando el Presidente bajó Barrancones, su familia era uno de los principales accionistas de Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga. Nada de ello aparecía en sus declaraciones de patrimonio e intereses. Radio Bío Bío rastreó publicaciones en el Diario Oficial y distintos documentos en notarías y el Archivo Judicial que dan cuenta de que en la génesis del proyecto minero y portuario Dominga, Sebastián Piñera fue clave: no sólo tenía inversiones allí; él y su familia eran los socios mayoritarios.

Sobornos de Pesqueras

En el marco de los Casos Asipes y Corpesca, relacionados con los sobornos pagados por las empresas pesqueras para aprobar la Ley Longueira, el Ministerio Público publicó el listado con los montos de los “aportes legales” que realizaron seis ellas a 35 políticos, por un monto total de 333 millones de pesos. Entre ellos destaca Sebastián Piñera, en ese momento candidato presidencial, que recibió 82 millones de pesos: Blumar le entregó 31 millones de pesos, Camanchaca otros 28 millones, Alimentos Marinos 14 millones y Pesquera Bío Bío 9 millones de pesos.

 

Una vez puede casualidad, quizás dos y hasta tres veces. Pero Piñera lleva 35 años robando, estafando y desfalcando. Ni persecución política ni enlodar su imagen, Piñera es un delincuente con todas sus letras.

Piñera es un delincuente con todas sus letras

 

EL CAPITAL  TOMO I I

CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA

CARLOS MARX

LIBRO SEGUNDO

Capítulo III

EL CICLO DEL CAPITAL-MERCANCIAS

Párrafo 35:

Cualquiera de los tres ciclos I, II y III presupone la forma del extremo inicial D, P, M^; la forma que reaparece en el extremo final se halla establecida, y por tanto condicionada por la metamorfosis del propio ciclo. M`, como punto final de un ciclo de capital industrial individual sólo presupone la forma P, no perteneciente a la circulación, del mismo capital industrial del que es producto. D`, como punto final en I, como forma transformada de M`(M`–D`), presupone a D en manos del comprador como existente al margen del ciclo D…D`, incorporado a él mediante la venta de ` y convertido así en su propia forma final. Del mismo modo, en II la P final presupone a T y p. (M) como existentes al margen e incorporados a él como forma final por medio de D—M. Pero, prescindiendo del último extremo, ni el ciclo del capital individual en dinero presupone la existencia del capital en dinero en general, ni el del capital productivo individual presupone el del capital productivo en su ciclo. En I, D puede ser el primer capital en dinero y en II P el primer capital productivo que aparezca en la escena histórica, pero en III

`                                                 T

                     M       — D—M        `     …P…M`

M`              –D`                        Mp.

                    M              d—m

M se presupone dos veces al margen del ciclo.

                                                                 T

Primeramente, en el ciclo M`–D`–M

                                                            Mp. Esta M, en la parte integrada por p., es mercancía en manos del vendedor; es, de por sí, capital en mercancías, en cuanto producto de un proceso capitalista de producción: y, aunque no lo sea, aparece como capital en mercancías en manos del comerciante. 

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Chile: Dura denuncia de una periodista sobre atrocidades de la dictadura

Resumen Latinoamericano / La Nación – Una confesión jamás realizada a los medios de comunicación es la que hizo la noche del jueves la periodista y opinóloga, Pamela Jiles, quien declaró haber sido “secuestrada, golpeada, humillada y abusada” por agentes del Estado en plena dictadura.

https://imagenesparamemoriar.com/2015/06/20/hora-de-la-verdad-de-una-periodista-secuestrada-golpeada-humillada-y-abusada-por-agentes-del-estado-en-plena-dictadura/#comment-3127

La profesional reconocida por su fuerte carácter, dijo esto en la denominada “Hora de la Verdad” a la que llegan los finalistas de “Vértigo” de Canal 13 antes de que la gente decidiera entre ella y la actriz Javiera Contador como ganadora del último capítulo de Diana Bolocco antes de salir de prenatal.

El animador Martín Cárcamo fue el encargado de conversar con Jiles, a quien derechamente le preguntó cómo era fuera del personaje duro que durante años han conocido los televidentes.

Con un poco de duda y admitiendo que hubiese preferido tener esta conversación en privado, “la Abuela”, como se le conoce en los programas de farándula, finalmente abrió su corazón y contó los vejámenes que vivió a los 16 años cuando a la salida de su colegio “fui secuestrada por unos hombres que llevaron a un lugar donde fui golpeada, humillada y abusada sexualmente”.

Aunque se le vio entera, la profesional señaló que su círculo íntimo está enterado de esto y que no se había dado la ocasión de contar lo que vivió en ese momento en que afirmó “perdí mi dulzura” porque “era una niña” a la que se le dijo que había sido raptada “por ser enemiga política de Pinochet”.

Aprovechó la vitrina del espacio para decir que el Estado “no ha reivindicado a esos miles de torturados y presos políticos de los cuales muchos han muerto sin una reparación y que son mis hermanos” y sacó a colación una huelga de hambre que realizan algunos de ellos en Rancagua y que “no tiene cobertura de los medios de comunicación”.

Luego de señalar que “mis nietos me devolvieron la dulzura”, concluyó la entrevista en un apretado abrazo entre el conductor y Jiles, quién no pudo contener las lágrimas.

Finalmente, la dura Pamela se fue ganando al público que la premió con los pasajes a Cancún sorteados por Vértigo.
Pamela Jiles en Vértigo: Fui secuestrada y abusada en dictadura

La periodista hizo esta confesión inédita al público en el programa Vértigo de Canal 13, oportunidad en la señaló que a los 16 años fue raptada de su colegio por agentes del Estado, torturada y abusada sexualmente por ser “enemiga política del régimen Pinochet”.

Carta de Pamela Jiles

Nietitos amados, les escribo todavía exhausta y conmovida por lo que viví anoche en el programa “Vértigo”, no sólo porque fue extremadamente difícil hablar allí de algo que he guardado durante décadas, sino sobre todo porque era mi obligación darle visibilidad a mis hermanos, los ex presos políticos torturados, cuarenta de los cuales se mantienen en huelga de hambre desde el 13 de abril sin que ningún medio de comunicación informe siquiera que existen, menos aún que están muriendo sin que el Estado los reivindique, repare y reconozca en justicia como víctimas de delitos de lesa humanidad.

Mi caso es uno de miles. Soy un número más en la lista llamada “Informe Valech”, basada en datos comprobados que el Arzobispado recopiló, documentó y chequeó minuciosamente. Es necesario decir que quienes declaramos ante esa Comisión somos sólo una pequeña parte de los torturados por los servicios represivos de la dictadura. Hay cientos de compañeros cuyos casos no fueron incluidos, porque ya habían muerto en el año 2004 -fecha en que se hizo el catastro de torturados-, porque vivían fuera del país, porque no existían antecedentes probatorios de su tragedia o por otras razones. Qué injusto es que ellos ni siquiera sean reconocidos por el Estado en su calidad de víctimas de la dictadura.

Los datos del Informe Valech son chocantes pero no muestran la magnitud del daño: vidas quebradas, biografías de enorme dolor, el drama de callar durante décadas una verdad que debería avergonzar a los torturadores y no a sus víctimas. Los medios de comunicación ocultan que esa lista contiene 3.621 casos de mujeres torturadas en dictadura, 3.400 de ellas abusadas sexualmente. Anoche intenté hablar por todas ellas, cuyos testimonios nadie escucha. Cada una de esas mujeres vivió la misma pesadilla que yo, pero no tienen la posibilidad de ir a un programa de alta audiencia, en un canal de la televisión abierta, y contar la terrible verdad.

Tampoco hay espacio en los medios para proclamar que los torturadores de Pinochet no se amilanaron frente a la edad de sus víctimas. En el Informe Valech figuran 1.244 menores de 18 años, 176 de los cuales eran menores de 13 años.
Éramos niños. Estábamos en la edad de jugar despreocupadamente, de reír y descubrir la belleza del mundo, pero nos apresaron y sometieron a suplicios indescriptibles. Algunos de nosotros logramos sobrevivir, marcados para siempre por un dolor sin final. No sé -me lo he preguntado muchas veces- si habría sido mejor que me mataran, no seguir viviendo con esta carga. Pero entonces recuerdo a los que no pudieron enamorarse, luchar con su pueblo en las calles, volver a sonreir, soñar con un país sin miedo, experimentar momentos felices, tener hijos y nietos, verlos crecer, esos otros niños que el Informe Rettig -de 1991- determinó en 54 casos de detenidos desaparecidos menores de edad. Yo pude ser parte de esa lista. De hecho, no sé y nunca sabré por qué no estoy entre ellos.

Es extraño lo que me pasa hoy: a pesar de todo estoy contenta de haber ganado anoche. Es una tontera frente al horror, pero me parece que entre tantas derrotas, tanta pérdida, tanto ninguneo y rechazo, nos viene bien -a La Abuela y sus nietos- ganar en algo. Tiene cierta poesía el hacerse escuchar con más de veinte puntos de rating, en el programa de mayor audiencia del país. Me sentí muy acompañada por cada uno de ustedes. Mis nietos en masa se sumaron tuiteando, escribiendo, haciendo fuerza mental, apoyando de mil formas, desde todas las ciudades de Chile, y también desde Alemania, Estados Unidos, Australia, Uruguay, Argentina, Suiza, España y Dinamarca, donde muchos chilenos vieron el programa y me respaldaron. Anoche fuimos un gran ejército-chuZma. Ese es un verdadero triunfo. Y es hermoso, bueno y justo.

Pero sin duda, el mayor logro de anoche es haber visibilizado, en el marco de un exitoso estelar, a las personas que vivimos prisión política y tortura. Instalar en la pantalla, inesperadamente, el sufrimiento, los vejámenes, las torturas sicológicas y físicas, los electrochoques, las violaciones, los amagos de fusilamiento, las ruletas rusas, los pau de arara, que sufrimos personas concretas, de carne y hueso, sólo por pensar distinto que Augusto Pinochet Ugarte. Tengo la esperanza de que ustedes me ayuden a divulgar las reivindicaciones de los ex presos políticos torturados que hoy llevan una semana en huelga de hambre con el siguiente petitorio:
– que las pensiones para los presos políticos de la dictadura sean niveladas a un ingreso mínimo necesario que garanticen la supervivencia
-que reciban un desembolso único de una cantidad relativa correspondiente a lo padecido y denunciado ante instancias de la Justicia
-que sus derechos a pensión y a estudio sin costo alguno puedan ser traspasados a miembros de la familia y esposas o esposos. Lo segundo tiene sentido debido a que la edad de la mayoría de ex presos supera los cincuenta años.

Ha llegado la hora de sacar la voz. Durante años y años yo no hablé de mi propia experiencia simplemente porque no era capaz. No podía. Cuando intenté hacerlo no me salían las sílabas ni las frases. Mi testimonio frente a la Comisión Valech fue posible porque ellos tenían la documentación detallada de mi caso y porque había profesionales altamente especializados que se tomaron todo el tiempo necesario para permitir que uno pudiera hacer el relato de lo vivido. Pero incluso allí quedé por horas inmovilizada y sin habla, como si el dolor estuviera más allá de las palabras, condenado al silencio.

Muchas veces en estos años, sobre una micro, o caminando por las calles o mirando el mundo a mi alrededor musité para mí misma esa canción de María Elena Walsh: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal… y seguí cantando”.

Los años y ustedes, nietitos, me han hecho fuerte. Me han permitido cantar al sol como la cigarra. Eso hicimos juntos anoche: “Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando”. Pero ustedes me devuelven la dulzura. Ustedes me dan el valor necesario. Ustedes me rescatan de la oscuridad. “Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra”.

 

EL CAPITAL  TOMO I I

CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA

CARLOS MARX

LIBRO SEGUNDO

Capítulo III

EL CICLO DEL CAPITAL-MERCANCIAS

Párrafo 34:

Así, en I, D` es la forma transformada  de M`; en II, la final forma transformada de D (en I y II, esta transformación se opera por medio de un simple fenómeno de la circulación de un desplazamiento formal de la mercancía y el dinero); en III, M` es la forma transformada de p, del capital productivo. Pero aquí, en III, hay  que tener en cuenta dos cosas: primera, que la transformación no afecta solamente a la forma funcional del capital, sino también a su volumen de valor; segunda, que esta transformación no es simplemente el resultado de un mero desplazamiento formal productivo en el proceso de circulación, sino de una transformación efectiva experimentada por la forma de uso y el valor de las mercancías integrantes del capital productivo en el curso del proceso de producción.

– Página –85 —   El CAPITAL “TOMO I I” –Traducción de Wenceslao Roces – Primera edición en alemán tomo I — 1867- Primera edición en Español 1946- tercera reimpresión 2006 – Fondo De Cultura Económica México Comentarios y sugerencias : Editorial@fondodeculturaeconomica.com  en Chile a /httpmarxismo-cl/ o bien Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl o Twitter    Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl

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José Rosamel CORTES DIAZ , 35 años, obrero maderero, miembro del Sindicato “Esperanza del Obrero”; Asesinado por la derecha política terrorista

 

 

Militancia:

Sin Militancia

Región:

X Los Lagos

Fecha Detención/Muerte:

09-10-1973

Edad:

35 años

Ciudad:

VALDIVIA

Ocupación:

OBRERO MADERERO COMPLEJO PANGUIPULLI

Comuna- Instancia Calificadora:

CVR violación de DDHH

 

JOSÉ ROSAMEL CORTEZ DÍAZ

Tenía 32 años al momento de su detención. Estaba casado con Irma Carrasco y tenía dos hijas: Mirta y Sandra. Vivían cerca de Curriñe, camino a Maihue. Rosamel Cortez trabajaba como obrero del Complejo Maderero haciendo distintas tareas: hacía fa manejaba motosierras, etc. También pertenecía al Sindicato «Esperanza del Obrero».

Las personas del lugar que siguen viviendo allí, describen a Rosamel Cortez como un hombre alto, de pelo negro, ojos claros, cara fina, de rasgos armoniosos y siempre con una sonrisa en los labios. Suave de modos y trato. Conocido por todos como «el Chamel».

El hogar de Rosamel no se encontraba en el mismo caserío de Curriñe, sino camino a Maihue. El 9 de octubre como a las diez de la mañana, algunos carabineros del Retén de Llifén se presentaron en su hogar. Allanaron violentamente la casa en presencia de toda la familia. Su esposa recuerda que «desarmaron el piso buscando armas. No encontraron nada». Ella les recriminó el daño pidiendo que le volvieran a clavar las tablas. Le contestaron: «ligerito vuelve su marido, él lo hará» (Este testimonio fue publicado por la revista Punto Final Nº 217 de 1990).

Posteriormente Rosamel Cortez es entregado por carabineros a la patrulla militar y conducido a Chihuío.

 

EL CAPITAL  TOMO I I

CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA

CARLOS MARX

LIBRO SEGUNDO

Capítulo III

EL CICLO DEL CAPITAL-MERCANCIAS

Párrafo 33:

M`…M` se distingue por otra razón de la formas I y II. Nota común a los tres ciclos es que la forma con que el capital inicia su proceso cíclico constituye la forma con que lo termina, revistiendo así de nuevo la forma inicial con que abre otra vez el mismo ciclo. La forma inicial D, P, M` es siempre la forma en que se adelanta el capital (en III, con la plusvalía que lo incrementa) y, por tanto, su forma originaria, en lo al ciclo se refiere, la forma final D`. P, M` es siempre la forma transformada de una forma funcional que la precede en el ciclo y que no es la forma originaria.

– Página –84-85 —   El CAPITAL “TOMO I I” –Traducción de Wenceslao Roces – Primera edición en alemán tomo I — 1867- Primera edición en Español 1946- tercera reimpresión 2006 – Fondo De Cultura Económica México Comentarios y sugerencias : Editorial@fondodeculturaeconomica.com  en Chile a /httpmarxismo-cl/ o bien Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl o Twitter    Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl

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28 de 30 Chile: Recuerdos de la ‘Guerra’ COMENTARIO JURÍDICO

 

Al hacer un comentario sobre LAS CONTRADICCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ESTADO DE GUERRA DECLARADO EN CHILE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973, fundamentaremos a pie de página los elementos de la investigación que avalan nuestras reflexiones.

Es necesario, ante todo, tener en cuenta que el 11 de septiembre de 1973, un Golpe Militar puso término a un gobierno constitucional. Las Fuerzas Armadas tomaron el poder, según expresa su Declaración de Principios de la fecha, «para restaurar la institucionalidad quebrantada». Los militares, pues, dieron el Golpe porque sostenían que la institucionalidad se había quebrantado. ¿Pero qué entendían por «quebrantamiento» de las instituciones democráticas?, aquí está toda la clave de la interpretación jurídica que aplicaron.

Ciertamente, desde un punto de vista objetivo, las instituciones democráticas a la fecha no se habían agotado. Es efectivo que existía una situación de pugna entre los poderes del Estado, que la sociedad chilena misma se encontraba en extremo polarizada ideológicamente y que la marcha de la economía había hecho crisis. Todo esto lo tenía presente el Presidente Allende cuando decidió la convocatoria de un plebiscito para el 13 de septiembre de 1973 (1). Esta era la salida política y democrática a la crisis generalizada. Por otra parle, tampoco el Congreso había acusado constitucionalmente al Presidente, por lo que está doblemente claro que no existía el tal quebrantamiento institucional. Al revés, había claras salidas constitucionales pendientes. Las dos que se han mencionado: el plebiscito y la acusación constitucional, eran medidas extremas, desde luego, pero precisamente estaban contempladas para situaciones límites como las que vivía Chile. Esto significa claramente que la institucionalidad no estaba quebrantada, sino todo lo contrario. Quienes de verdad quebrantaron la institucionalidad fueron precisamente las Fuerzas Armadas que no permitieron que la sociedad chilena resolviera su agudo problema por métodos democráticos, por tanto, lo de quebrantamiento de la institucionalidad no era más que un pretexto para dar un cruento Golpe de Estado que no tenía justificación. También resultó ser un mero pretexto la anunciada «restauración» de la democracia, porque lo que se instaló fue una dictadura que se aferró diecisiete años al poder y que bajo ropaje supuestamente democrático quiso prolongarse ocho años más. La restauración de la democracia consistía así, en el proyecto de implantar una dictadura por 25 años, la que el pueblo chileno logró contener a los 17 años.

Este prolongado período de permanencia de la dictadura y su idea de un quebrantamiento institucional explica el régimen jurídico a que se sometió al país a contar del 11 de septiembre. En efecto, con lo dicho queda clara la confrontación directa de las Fuerzas Armadas con la democracia chilena: no permitieron que jugara sus últimas cartas para autorrenovarse, en tanto que se tomaron el poder con la firme decisión de no dejarlo. Lejos de poner en movimiento programas que efectivamente tendieran a normalizar la vida democrática del país, adoptaron todas las acciones posibles para desmantelarla: disolución del Congreso, disolución de los partidos políticos, de los sindicatos, etc. Curiosamente, sólo mantuvieron en pie al Poder Judicial, dirigido por la Corte Suprema. Pero también aquí hubo un paso decisivo hacia el desmantelamiento completo de la democracia: la Junta Militar estableció un Poder Judicial paralelo sometido estrictamente a sus órdenes: Los Tribunales Militares. De modo que todo, poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, quedó en manos de la Junta de Gobierno. A la sociedad se le desarticuló completamente de todo vestigio de vida y organización democrática.

Ante esto, desde el punto de vista del derecho, la cuestión central es: ¿qué sistema, qué régimen jurídico, fue el que substituyó a la democracia?. La respuesta viene determinada por la ideología política que inspiraba a la Junta de Gobierno. Lo principal era esta ideología política y lo trágico fue que encontraron elementos en el ordenamiento jurídico chileno que, aunque falsificados, les permitió vestirse con una apariencia de legalidad ante la opinión pública y lo que es más importante, ante sus propios subordinados militares.

La ideología política era clara y categórica, pero desgraciadamente se definía en forma negativa más que positiva: era el antimarxismo. Es decir, las Fuerzas Armadas se lomaron el Poder no porque se hubiese quebrantado una institucionalidad que ellas iban a restaurar, sino con el cometido específico de «extirpar el cáncer marxista», como lo anunció desde el inicio una de los miembros de la Junta. Restaurar la institucionalidad era un estorbo absoluto para estos propósitos. Todo lo contrario, había que buscar otras cosas, algo que permitiese llevar a cabo su lucha contra el marxismo hasta su total destrucción.

Estas otras cosas, absolutamente diferentes de la institucionalidad democrática que prometían, la encontraron no en las leyes civiles y la Constitución, sino en un cuerpo de leyes ad-hoc, para ellos: el Código de Justicia Militar. Aquí se hablaba de un «estado de guerra» y de un «enemigo» al cual combatir. Esto era justo lo que buscaban.

Bajo este prisma, militarizaron completamente las relaciones entre los diversos grupos y tendencias de la sociedad chilena. Lo que era una pugna política aguda pero democrática, la calificaron «de guerra»: a los que eran opositores los tildaron de «enemigos»: lo que ero una expresión legítima de ideas políticas lo llamaron «traición a la patria». Y, peor todavía, en lugar de asumir un papel imparcial de autoridad que pusiera orden al debate nacional, asumieron una posición unilateral, pero de tal extremismo, como nadie antes había asumido en la sociedad chilena establecida, ni siquiera los elementos políticos de extrema derecha (2). En efecto, a estos últimos -si bien colaboraron y participaron en el Golpe- nunca se les había ocurrido que había que torturar, matar y hacer desaparecer a sus adversarios. Esto fue una mentalidad nueva introducida en la sociedad chilena por las Fuerzas Armadas antes y a partir del 11 de septiembre de 1973 (3). Haber resuelto que la crisis política chilena sólo podía superarse haciendo la guerra a un grupo particular de chilenos es la responsabilidad histórica de las Fuerzas Armadas.

Desgraciadamente, con lo dicho todavía no hemos llegado al fondo de la posición asumida por las Fuerzas Armadas. Porque ocurrió que los militares ni siquiera entendían lo que era de verdad un «Estado de Guerra», tal como lo establecía su propio código de Justicia Militar. Y más aún, tampoco sabían cómo se debe combatir en una guerra, esto es, ignoraban que desde la antigüedad y particularmente desde el siglo pasado existían lo que universalmente se aceptaban como «las reglas y leyes de la guerra». En otras palabras, para «su» guerra, los militares chilenos no aceptaban reglas.

Naturalmente que ninguna de estas cosas las podían admitir públicamente, y el resultado fue la manipulación de un derecho que se reveló como profundamente absurdo, contradictorio e irreal. Es decir, ni siquiera aplicaron el derecho de guerra previsto en el código de Justicia Militar y en el Derecho Internacional, sino que su extremismo llegó al grado de sobrepasa todo derecho y apelaron exclusivamente al uso y abuso de las fuerzas, al margen de lodo orden jurídico establecido o concebible. Esta conclusión emana, en forma nítida, del examen de lo que estipula el derecho de guerra interno o internacional, y la forma arbitraria en que lo invocaron las Fuerzas Armadas.

El Código de Justicia Militar contempla, en efecto, la institución del «Estado de Guerra», pero se trata de una denominación que el código utiliza para designar dos situaciones diversas. Esto es lo primero en que se equivocaron los militares: ignoraban por completo este doble uso que hace el Código de Justicia Militar de la expresión «Estado de Guerra», que se refiere a dos tipos de situaciones completamente divergentes. Esta torpeza en el uso jurídico de su propio Código, emanaba de la precipitación con que las Fuerzas Aunadas identificaron la «guerra» en que ellos decían involucrarse con el «Estado de Guerra» de que hablaba el código.

No es lo mismo en nuestro derecho chileno la «guerra» que el «estado de guerra». Por guerra se entiende una situación bélica y puede ser guerra internacional o guerra civil. En ambos casos el derecho aplicable es el Derecho de Guerra, tanto interno como internacional. El derecho de guerra es diferente al derecho común ya que se ponen en vigencia normas .como el delito de traición, la calificación jurídica de «enemigos» de los adversarios y las normas de neutralidad para terceros Estados. En una guerra los enemigos son beligerantes y tienen igual derecho, por ello, a recurrir a la fuerza. De allí que la condición de enemigo tenga dos características esenciales: primera, se tratado una relación bilateral, no unilateral; es decir, yo no puedo, en derecho, calificar a alguien como mi enemigo si automáticamente no me autocalifico a mí mismo, a la vez, como su enemigo. No existe el enemigo aislado, sólo existen los enemigos recíprocos. Más que de enemigo, lo correcto es hablar de enemistad, o sea, de una relación entre dos partes igualmente calificada la una frente a la oirá. Esto es así porque enemigo significa, precisamente en derecho, la facultad de recurrir a la fuerza una parte contra la otra con la misma facultad. Y esto nos lleva a la segunda característica del término enemigo: ser enemigo es una condición legal, no criminal. Si fuera criminal, como su noción es bilateral, querría decir que al calificar yo a alguien de criminal por ser enemigo, me estaría yo mismo calificando como criminal frente a él. Los enemigos recurren al uso legítimo de la fuerza el uno contra el otro, precisamente porque el derecho de la guerra los faculta a tal cosa por parejo, de modo que ambos están en una situación legal no criminal. De allí que si una parte captura a un enemigo de la otra parte, no puede juzgarlo ni castigarlo por haber lomado las armas. Lo único a que está facultado es a hacer de él un prisionero de guerra. Ahora bien, los prisioneros de guerra mantienen todos sus derechos de tales y de ninguna manera se les considera criminales encerrados a los cuales haya que juzgar por haber recurrido a la fuerza. Al revés, ser enemigo es tener la atribución jurídica de recurrir a la fuerza y de no ser juzgado por ello. En esto consiste una guerra para el derecho, ya sea internacional o civil. (4)

El Código de Justicia Militar chileno, en primer lugar, le da precisamente este sentido a la institución del «estado de guerra»: hay estado de guerra cuando el país se encuentra involucrado de verdad en una guerra, sea internacional o civil. Pero el problema está en que el Código usa en segundo lugar, la misma expresión «estado de guerra», para designar una situación interna que no es guerra. Si esta nueva situación se define por no ser guerra, quiere decir que el derecho de la guerra no le es aplicable: es decir, no hay enemigo, no hay delito de traición y los terceros Estados no están obligados a regirse por las normas de la neutralidad. En estricto sentido, lo que hay en esta segunda situación no es un «estado de guerra», sino un «estado de rebelión» o «estado de insurrección» (5). Esta es justamente la situación a que alude el Código cuando en este segundo sentido usa la expresión «estado de guerra». Lo que se ha producido no es una guerra donde ambas partes son enemigos con derecho igual a recurrir a la fuerza el uno contra el otro, sino que lo que se ha producido es una rebelión o una insurrección de un grupo dentro del país que no tiene derecho a recurrir a la fuerza en contra de Fuerzas Armadas gubernamentales, que por representar al gobierno establecido, tienen derecho a recurrir a la fuerza. Como se observa, el rebelde o el insurrecto no puede ser enemigo porque no tiene derecho a recurrir a la fuerza y su situación es exactamente contraria a la del enemigo, ya que aquí el rebelde es una condición unilateral (el Gobierno establecido no es rebelde (6) y además, está cometiendo un delito al recurrir a la fuerza (el Gobierno establecido no comete delito al aplastar la rebelión). Pero queda claro que esta segunda aplicación del término «Estado de Guerra» a una situación que se define por no ser guerra, no es susceptible, como se dijo, de que se le aplique el derecho de la guerra del cual es parte esencial, el delito de traición. Resulta, pues, que el rebelde, si bien comete un delito, no puede cometer el delito de traición, porque por definición no está en guerra. Su delito es el de rebelión, el que no acarrea consigo la pena de muerte que sí lleva el delito de traición, que es el más grave.

El Gobierno Militar nunca entendió esta distinción elemental y esta doble aplicación que el Código da a la institución del «Estado de Guerra» y. en cambio, hizo un engendro jurídico de ambas situaciones calificando a sus oponentes a la vez: de enemigos, de traidores y de rebeldes.

Si los calificaba de enemigos debió haberles reconocido el derecho a recurrir a la fuerza, lo que no les reconocía: si eran enemigos debió haberles dado el trato de prisioneros de guerra y no de delincuentes, lo que se rehusaba a hacer; de la misma manera, si eran enemigos, por ser tales no cometían el delito de traición, lo que el gobierno militar sí consideró que cometían: y, en cuarto lugar, si eran enemigos tampoco podía calificárseles de rebeldes criminales, de lo que sí los acuso el gobierno militar. Todo esto constituiría sólo una amalgama antijurídica de quien no es capaz de pensar en términos jurídicos: pero lo grave es que al aplicar, en contra de toda racionalidad, el delito de traición a quienes no podían ser, en el peor de los casos más que rebeldes, les sancionaba con la pena de muerte. Todo esto no era más que un empecinamiento en destruir a alguien bajo la apariencia de estar aplicando una Ley cuya «lógica» sólo podía convencer a mentes por completo ajenas a los más elementales principios de derecho. Que quede claro: la sola aplicación de este engendro jurídico de por sí constituía una violación del derecho humano al debido proceso de los inculpados. (7)

De acuerdo a lo que se ha expresado, hay que diferenciar nítidamente dos «estados de guerra» distintos en Código: distintos, porque el derecho aplicable en un caso, es diverso al derecho que se aplica en el otro. En el «Estado de Guerra», que se declara cuando de verdad existe una guerra, internacional o civil, se aplica el derecho interno e internacional de la guerra, a cuyo contenido ya se hizo alusión. En cambio, en el «Estado de Guerra» que se declara porque hay una rebelión o una insurrección y no una guerra, el derecho que se aplica es el derecho penal civil y militar. Si el derecho que se aplica es distinto en uno y otro caso, conviene explicitar esto en la denominación de la institución jurídica que nos ocupa y vamos a llamar «Estado de guerra beligerante» al caso en que hay guerra: y «Estado de guerra penal» al caso en que lo que hay es una rebelión o insurrección.

Pero adelantemos más. Ciertamente no hubo en Chile la situación de guerra internacional y nunca el Gobierno Militar ha sugerido tal cosa. Pero una guerra civil, ¿la hubo en Chile? Es ahora el momento de definir con toda claridad tres términos que he utilizado con perfecta conciencia de su definición: rebelión, insurrección y guerra civil. El derecho, tanto interno como internacional, distingue con pleno fundamento objetivo las tres situaciones.

Hay rebelión cuando un grupo armado se ha levantado en contra de la autoridad constituida, desplazándose por diversas partes del territorio nacional, pero sin control efectivo de ninguna localidad de ese territorio. Se producen choques armados, enfrentamientos más o menos prolongados, de mayor o menor envergadura entre los rebeldes y las fuerzas gubernamentales; en que los rebeldes triunfan ocasionalmente o son derrotados en un punto u otro, pero en última instancia se ocultan para preparar y dar nuevas confrontaciones. Esto es, en derecho, una rebelión. A los rebeldes, si son capturados, se les juzga por haber cometido el delito de rebelión tipificado en los códigos penales civil y militar. (8)

Si la rebelión no es en definitiva derrotada sino que, por el contrario, crece y presenta triunfos militares que la llevan a controlar una parle del territorio nacional: por ejemplo un departamento, provincia, etc. la rebelión se convierte en una insurrección. Controlar una parte del territorio es ejercer la autoridad en esa localidad. Los habitantes del lugar obedecen las órdenes de los insurgentes. Este ha sido el caso en El Salvador, donde a pesar de haber un único Gobierno establecido, hay zonas controladas por los insurgentes. Pero si los Insurgentes son capturados por las fuerzas gubernamentales se les juzga al igual que a los rebeldes, esto es, los insurgentes en cuanto tales, son también delincuentes ante la Ley. Sin embargo, el hecho de haber logrado el status de insurgentes, lleva a que el Gobierno central, y en particular la comunidad internacional, no los trate ya como a simples criminales sino como representantes de un movimiento político, es decir, no se les aplica tan categóricamente la Ley Penal. Con todo, el insurgente no tiene derecho a recurrir a la fuerza de modo que sus acciones armadas continúan siendo, al igual que en la rebelión, un delito.

Distinta es la situación cuando los insurgentes han crecido en tales proporciones que de hecho ocupan prácticamente la mitad del territorio nacional y ejercen en él su autoridad y, en definitiva, diputan al gobierno central el ejercicio del poder de igual a igual sobre la nación. En esta situación la soberanía nacional está rota, se da en forma doble en el país, hasta el punto que terceros Estados no saben con cuál de las dos piules deben conducir sus relaciones internacionales. Esta, y sólo ésta, es la situación que se llama ya no rebelión ni insurrección, sino guerra civil. Aquí las dos partes que se enfrentan están en igualdad de condiciones. En la rebelión y la insurrección había una sola autoridad dominante en el país, de modo que el gobierno establecido tenía el poder y el derecho de calificar y juzgar a los rebeldes o insurrectos como criminales y les aplicaba el derecho penal del Estado. Pero en esta nueva situación de igualdad ya no puede decir el Gobierno establecido que el país le obedece y reconoce en él la autoridad legítima de la nación: no es así, porque hay no menos que la mitad del país que acata la autoridad de quienes se oponen a ese gobierno establecido. Esta situación entra, desde ese momento, a ser reglada ya no por el derecho penal que se aplica a desiguales, sino por el derecho internacional de la guerra que se aplica a iguales. Los insurrectos se han convertido ahora en beligerantes y adquieren la condición de enemigos: esto es, se han ganado el derecho a recurrir a la fuerza en las mismas condiciones en que el gobierno central recurre a la fuerza en contra de ello. Si son capturados ya no pueden ser juzgados como criminales sino que gozan del estatuto de prisioneros de guerra. Y lo mismo, naturalmente, vale para los seguidores del gobierno central que son capturados por sus opositores. Esto, y sólo esto, es una guerra civil, que se rige ya no por el derecho penal del Estado donde ocurre, sino por un nuevo derecho que pone a ambas partes en un pie de igualdad jurídica y que no es otro que el derecho internacional de la guerra. Es decir, se trata al conflicto como si fuera un conflicto entre Estados y ello es lógico, ya que de hecho son dos autoridades distintas con igual pretensión la una de doblegar a la otra. Esta situación se dio, por ejemplo, en la correctamente llamada guerra civil de los Estados Unidos en 1862.

Los Estados del Norte, aceptaron que los Estados del Sur cuestionaban radicalmente su autoridad en éstos últimos y que habitantes sureños obedecían a las autoridades del sur y no a las del norte. El Presidente Lincoln aplicó con absoluta claridad las leyes que norman una guerra civil, esto es, el derecho internacional de la guerra y no el Código Penal civil o militar norteamericano. Los secesionistas del sur fueron expresamente catalogados no de rebeldes o insurrectos sino de enemigos con sus derechos de tal. Y otro tanto ocurrió en el conflicto en Nicaragua, en 1978. Este caso tiene un interés particular, porque en él comprobamos una evolución completa de los conceptos jurídicos que hemos definido.

Todo comenzó con una rebelión de grupos armados sandinistas. Pero los rebeldes lograron controlar algunas localidades y con ello se convirtieron en insurrectos. Posteriormente, a los insurrectos se plegó tal cantidad de nicaragüenses, que la oposición a Somoza llegó a ocupar la mitad del país y le disputó la soberanía nacional a éste último. Transformadas así las cosas, los Países del Grupo Andino, reconocieron la beligerancia de los opositores a Somoza, y la situación se convirtió en una guerra civil, que terminó con el derrocamiento del dictador.

Lo expuesto deja absolutamente claro que después del 11 de septiembre de 1973, jamás hubo en Chile una guerra civil, ni una insurrección y ni siquiera una rebelión militarizada. Los hechos analizados en este libro, que para el Gobierno Militar fueron los más graves ocurridos en el país después del Golpe de Estado, muestren hasta la saciedad que en la localidad de Neltume, Chihuío y Liquiñe, no hubo enfrentamientos armados. Los partidarios del régimen democrático derrocado se entregaron «casi sin resistencia», se repite por los testigos. Si no había conflicto armado no existía la más mínima base legal pare declarar un «estado de guerra» ni beligerante ni penal, en el territorio nacional. Más aún, es absolutamente claro que los partidarios del gobierno democrático establecido, tenían todo el derecho para resistirse a lo que sí era una auténtica rebelión: la sedición militar. Pero ni siquiera ocurrió esto, salvo en el enfrentamiento que por horas se produjo en el Palacio de La Moneda en Santiago. Una vez que los militares se tomaron el poder y se constituyeron en la autoridad establecida en el país, ya en la tarde del mismo día 11, no hubo movimientos armados en su contra, salvo, con bastante posterioridad, acontecimientos esporádicos, entre los servicios de seguridad militares y grupos aislados del MIR, que no pasan de ser eventos absolutamente controlables por las leyes comunes y que en ningún caso dan pie para decretar nada menos que un «Estado de Guerra» en todo el territorio nacional.

El «estado de guerra» que se declaró, pues, no pasa de ser un mero disfraz jurídico, tras el cual se desaló cruelmente la represión militar unilateral en contra de personas que se perseguían por su opinión política. Y lo que todavía sorprende en este análisis, y lleno de características notables por la arbitrariedad de la manipulación jurídica en que incurrió el gobierno militar, es que las Fuerzas Armadas, tras esta fachada jurídica, se hayan sentido con el derecho a destruir a ese quimérico «enemigo» con los métodos que quisieran. Porque si se plantean las cosas en los términos de un «estado de guerra» en que la plantearon los militares, la mínima conciencia que estos debieran haber tenido es que había reglas para los conflictos armados, que debían ser respetadas. No tiene derecho un miembro de las Fuerzas Amadas a levantar su arma en contra de alguien si no sabe que existe una diferencia decisiva entre lo que es un acto legítimo de guerra y lo que es un crimen de guerra. Chile publicó en el Diario Oficial de la República, las leyes y reglas de la guerra ya con ocasión de la guerra de 1879. Asimismo, nuestro país ratificó en abril de 1951 los Convenios de Ginebra de 1949, relativos a los conflictos armados tanto internos como internacionales. Estos últimos Convenios en su Art. 3 relativos a los conflictos internos, prohíben en términos absolutos, las siguientes cuatro situaciones: los atentados arbitrarios a la vida, la tortura, la toma de rehenes y los juicios irregulares. La comisión de estos hechos son constitutivas de crímenes de guerra. Es por ello que, al día de hoy nos llame todavía tan hondamente la atención el -que el Ejército, ante los hechos comprobados de la Comisión de Verdad y Reconciliación, se defienda aludiendo a que estuvo comprometido en una guerra. Si lo estuvo, él mismo se -incrimina a la luz de los Convenios de Ginebra.

En todo caso, las terribles violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo el gobierno militar son, o crímenes de guerra, si se acepta la tesis de la existencia real de un «Estado de Guerra», o crímenes contra la humanidad, si no se la acepta. En ambos casos, se trata de crímenes internacionales que no pueden borrar una Ley de Amnistía dictada sólo para crímenes castigados por el Derecho Nacional civil o militar. Si el Gobierno Militar se sintió obligado a dictar tal amnistía, es porque tenía conciencia de que se habían cometido numerosos y muy graves delitos. Lo que ignoraba, sin embargo, es que la naturaleza jurídica de esos delitos era la de crímenes internacionales que su ley de amnistía no tiene capacidad legal para borrar en su dimensión supranacional. Pesa y pesara sobre el actual del gobierno y de los futuros gobiernos democráticos de Chile, la obligación internacional de enjuiciar a los responsables de tales crímenes, que la comunidad de naciones civilizadas, dada su gravedad, ha calificado de imprescriptibles e inamnistiables. Las víctimas mencionadas en este libro se merecen no sólo la rehabilitación moral, que aquí se les hace, sino nuestro firme compromiso con la Justicia, única capaz de fundar una democracia, de hacerle verdadero honor a la Patria y de recuperar nuestros valores históricos.

Notas

  1. «… Pero Allende confiaba en un triunfo en el plebiscito. Se lo señaló el día jueves 6 de septiembre al ex Secretario General del Partido demócrata Cristiano, Belisario Velasco.

Este había concurrido a conversar con el después de varias reuniones sostenidas por el grupo de la Democracia Cristiana encabezada por el senador Renán Fuentealba y el diputado Bernardo Leighton…» (El día en que murió Allende. Ignacio González Camus. Santiago 1988).

  1. Esta investigación demuestra la participación de la derecha:
  2. a) A través de la manipulación sico-ideológica que realizaron mediante sus diarios oficiales: «Focos Guerrilleros», «Extranjeros en armas». «Fuerzas cubanas en el Complejo», «Comandante Pepe…».
  3. b) Por la creación de grupos paramilitares como «Patria y Libertad».
  4. c) La incitación a los militares para que dieran el Golpe.
  5. d) Por último, la participación activa de personas y familias de derecha en los hechos relatados.
  6. El Mercurio, del 18 de septiembre de 1973 informa de la preparación de Brigadas Especiales Contra Guerrillas.

Desde mucho antes del Golpe, ya se había introducido en las Fuerzas Armadas chilenas la Doctrina de la Seguridad Nacional y se había elaborado la Estrategia de la Contrainsurgencia.

  1. A los doce ejecutados de Neltume no les corresponde, de ninguna manera, el adjetivo de «enemigos», «extremistas», «subversivos», entre otros.

Si hubieran enfrentado realmente a las FFAA, al menos debiera habérseles calificado y tratado como Prisioneros de Guerra.

  1. Lo ocurrido en Neltume no puede catalogarse de «rebelión» o «insurrección»:
  2. a) No había «Focos Guerrilleros» ni «Territorios ocupados».
  3. b) No había y nunca se encontraron extranjeros ni menos cubanos.
  4. c) Todas las personas estaban desaunadas al momento de la detención y no opusieron resistencia.
  5. d) Las características del «asalto al Retén de Neltume» se refieren nías bien a un acto de acoso o de interpelación a fuerzas policiales, que a un acto de violencia o de enfrentamiento.
  6. El «Asalto al Reten de Neltume» acontece en la madrugada del 12 de septiembre de 1973. y a más de 700 kms. de la capital del país. Santiago. Por lo tanto, los habitantes de Neltume no podían tener conocimiento cabal acerca de quién detentaba, legítimamente, el ejercicio del poder estatal; cabe recordar que sólo el 18 de septiembre de 1973 de publicó el Decreto Ley No 1 el que constituye formalmente la Junta Militar de Gobierno y que recién el día 22 de septiembre de 1973, en el Diario Oficial Nº 28.657 se publicó el Decreto Ley Nº 5 en el cual se declara que el Estado de Sitio (que se había impuesto el 11 de septiembre) debe entenderse como «Estado o Tiempo de Guerra».

Por otra parte, constituye norma esencial de nuestro ordenamiento legal, que ninguna norma jurídica es valida si no esta publicada en el Diario oficial. De modo que en caso alguno el asalto al Retén de Neltume puede entenderse jurídicamente como un delito cometido en Tiempo de Guerra.

Se deduce obligatoriamente que las personas que participaron en dicho asalto lo hacían en la creencia que -mediante esa acción- ellos defendían el poder constituido, es decir al Gobierno del Presidente Salvador Allende.

  1. La intención de destruir mas que de hacer justicia queda en evidencia a través de la irregularidades. cometidas en los dos Consejos de Guerra que determinaron la ejecución de doce personas. Esta investigación no ha podido determinar quien convocó a dichos Consejos. Las actas no son conocidas. Las sentencias fueron aprobadas por la Junta Militar de Gobierno. De acuerdo a las informaciones de la prensa hemos podido determinar que la autoridad máxima, administrativa y militar, era el General Héctor Bravo Muñoz, que el Fiscal de Carabineros era el abogado Eugenio Herrera y el Fiscal Militar Juan Michelssen Délano. Pero se ignora quién fue el auditor de estos Consejos de Guerra y quiénes fueron los vocales. Tampoco se sabe quién fue el Fiscal que instruyó el sumario y elaboró el Dictamen. Lo que sí podemos afirmar es que los familiares no supieron de la realización de dichos Consejos y no pudieron, por lo tanto, nombrar a un abogado defensor. Tampoco pudieron nombrar un abogado los doce sentenciados, teniendo derecho legal a hacerlo. Podemos deducir, por lo tanto, que el abogado defensor fue nombrado de oficio por el Fiscal. En todo caso, la sentencia de muerte no pudo ser apelada ni fue conocida por la Corte Suprema, ya que ésta contestó y sigue contestando -como explicación de su no participación- que Chile se encontraba en Estado de Guerra.

Recordemos además, que dos ejecutados ni siquiera estaban en Neltume en el momento del asalto y fueron acusados de ser autores intelectuales de este hecho.

  1. A este respecto conviene resaltar que en lodo este periodo definido por las Fuerzas Armadas como «Estado de Guerra» muere sólo un carabinero en esa zona cordillerana, en el mes de noviembre de 1973. Y dos militantes del MIR, «que habrían muerto en un enfrenamiento, fueron, de acuerdo la Comisión de Verdad y Reconciliación, asesinados en una emboscada.

 

EL CAPITAL  TOMO I I

Párrafo 32:

En M`… M`, la producción  presupone la existencia de capital en forma de mercancías; y este capital reaparece como premisa dentro del mismo ciclo, en la segunda M. Si esta M no se ha producido o reproducido aún, el ciclo se interrumpe; es necesario que esta M se reproduzca, en su mayor parte, como M de otro capital industrial. En este ciclo, M` existe como punto de partida, punto de transición y punto final del movimiento; aparece, por tanto, constantemente. Es condición constante del proceso de producción.

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Asesinato de Jaime Guzmán: Oscuros secretos de la transición chilena salen a la luz

El agente DINE, el subversivo y un informante en común:

Por : Cristóbal Peña en Reportajes de investigación

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) lo conocían como Gustavo Benedetti. Su verdadero nombre: Lenin Guardia, “un informante que me entregaba todos los trabajos a mí o a mi secretario”, afirmó su agente controlador, el coronel Raúl Rojas Nieto, quien dijo que la relación se inició en 1987, cuando el futuro asesor de inteligencia del gobierno de Aylwin tejía vínculos privilegiados con la jefatura del FPMR. Más tarde advirtió al Ejército del crimen de Jaime Guzmán. ¿Para quién trabajaba realmente Lenin Guardia? Esta historia devela una oscura conjunción de intereses que urge desentrañar.

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A Raúl Ernesto Rojas Nieto le quedaba una última carta que jugar. Una carta que rompía su lealtad al Ejército pero lo salvaba de caer en contradicciones ante la justicia. A fines de 2010, al declarar en el proceso judicial por el asesinato de Jaime Guzmán, el ex coronel y agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) había reconocido que uno de sus informantes estrella le había prevenido del atentado del que sería objeto en 1991 el senador y líder de la UDI por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). A ese informante lo conocía como El Noruego.

El agente Rojas Nieto no habló por iniciativa propia. Habló porque no le quedó otra opción cuando sólo días antes, el que fuera su superior y jefe máximo de la DINE, general (r) Hernán Ramírez Rurange, le contó al juez Mario Carroza que la información que hizo llegar oportunamente al general Augusto Pinochet, quien quedó de alertar al senador, le había sido proporcionada por el coronel Rojas Nieto. Este último admitió el hecho, pero en su primera declaración judicial aseguró no recordar el verdadero nombre de El Noruego. Entonces, como el juez programó un careo entre los dos militares, Rojas Nieto le mandó a decir que quería volver a declarar.

Raúl Rojas Nieto había recobrado la memoria.

En su segunda declaración judicial, el coronel (r) Rojas dijo que El Noruego, a quien también conocía por el apodo de Gustavo Benedetti, no era otro que Lenin Gilberto Guardia Basso. “Un informante de la DINE que me entregaba todos los trabajos a mí o a mi secretario personal”, detalló el ex agente DINE, quien agregó que “para tener calidad de informante se requiere de un periodo de tiempo anterior importante. Por ejemplo, yo llegué el año 1987 a la Dirección y pienso que él (Guardia) debe haber estado antes”.

Aunque Guardia negó tener calidad de informante, pues se definió como “una persona que se dedica a realizar análisis de la contingencia, todo ello de manera independiente”, sí reconoció ante el juez Carroza que “mantenía conversaciones de análisis” con personal de la DINE. Conversaciones y negocios. Todo mientras asesoraba en materias de seguridad al subsecretario de Interior del gobierno de Aylwin, Belisario Velasco.

Pero sus contactos iban todavía más lejos. En el mismo proceso judicial por la muerte de Jaime Guzmán, un alto jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI) aseguró que al menos desde fines de los ‘80 Lenin Guardia mantenía contactos con la comandancia del FPMR. Esos contactos plantean un escenario perturbador. Si el Ejército de la época tenía acceso a la comandancia del FPMR, bien pudo inducir algunas de las acciones subversivas de mayor impacto político.

APRECIO MUTUO

El mismo Lenin Guardia contó alguna vez que el fallecido general Herman Brady Roche, que para 1973 era comandante de la Guarnición de Santiago, intercedió a su favor para conseguir que saliera sano y salvo del país tras el Golpe de Estado. El militante del Partido Socialista, hijo de padres comunistas y con un pasado en el MIR, se estableció en Francia y más tarde en Cuba y Alemania Oriental. En Europa fue allegado a Carlos Altamirano, lo que según el asesor le generó enemistades con sus correligionarios.

En su última declaración ante el juez Carroza, Guardia recordó que en los días posteriores al retorno de la democracia, Osvaldo Puccio lo recomendó ante Enrique Krauss como asesor en seguridad. Sin embargo, su cercanía con Altamirano –afirmó- habría significado el veto de Marcelo Schilling y otros militantes socialistas que poco más tarde lideraron el combate a la subversión. “A pesar de ello soy llamado a trabajar con Belisario Velasco, lo que me vale una pugna con el resto de los socialistas que forman parte de la Oficina”, testificó a fines de 2010.

La Oficina era el nombre coloquial con que se conocía al Consejo de Seguridad Pública. Una de las personas que conoció su origen dice que las desconfianzas hacia Guardia no decían relación con su cercanía a Altamirano. Lo que generaba sospechas eran sus vínculos con los servicios de inteligencia del Ejército. En 1985, con motivo del remezón provocado por los tres profesionales comunistas degollados, el asesor coordinó un encuentro celebrado en su casa entre el general Humberto Gordon, entonces mandamás de la CNI, y dirigentes del Partido Comunista. El interés del general era descartar la participación de la CNI en los asesinatos.

El analista nunca aclaró cómo llegó a ganarse la confianza del jefe de la CNI. Lo que está fuera de dudas es que entre ambos había una relación de aprecio mutuo. En 2001, cuando Lenin Guardia cayó detenido por el caso de las cartas bombas, la policía encontró tres revólveres. Uno de ellos le había sido obsequiado por el general Gordon.

LA TARIFA

A fines de 1991, cuando Cristián Edwards aún se encontraba secuestrado por el FPMR, Lenin Guardia llegó hasta el despacho del subsecretario Velasco con una primicia. Traía el nombre de uno de los secuestradores, Ricardo Palma Salamanca, que además resultó ser uno de los dos pistoleros que disparó contra Jaime Guzmán.

“Le hice presente a Velasco que me parecía necesario que la información que le daba fuera trabajada por un organismo de investigación policial. Después de eso yo me desligué del asunto”, se lee en la declaración que el analista de inteligencia dio en 1996.

Según un funcionario del gobierno de la época que conoció este capítulo, Guardia puso precio al nombre de Ricardo Palma Salamanca: $30 millones. Un precio justo si se considera que gracias a ese dato la policía pudo resolver los dos casos que marcaron la transición política. Pero muy elevado atendiendo a que el soplo no fue fruto de un trabajo de inteligencia. Al menos no aparentemente. Se lo confidenció su pareja, la psiquiatra Consuelo Macchiavello Forni, quien tenía de paciente a la hermana de Ricardo Palma.

Dubilia María Consuelo Macchiavello Forni era parte de un equipo de profesionales de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) que asistía a víctimas de la dictadura. Entre esas víctimas se encontraba Marcela, la hermana de Ricardo Palma.

Desde fines de los ochenta, cuando comenzó a confidenciarle secretos de su vida, Marcela Palma desconocía por completo que su psiquiatra era pareja de un analista de inteligencia de filiación socialista. Es más: ni siquiera había escuchado hablar de Lenin Guardia. Igualmente desconocía que su psiquiatra estaba emparentada con el general Herman Brady Roche por medio de la esposa de este, Inés Macchiavello.

Brady, ex ministro de Defensa de la dictadura y el único de los generales que tuteaba a Pinochet, fue el mismo oficial de Ejército a quien Lenin Guardia agradeció de haberlo salvado tras el Golpe de Estado. El mismo a quien en sus últimas declaraciones identificó como el hombre que lo vinculó al coronel Rojas Nieto y otros militares de la DINE. Y el mismo con quien se asoció en 1993 para hacer negocios en una empresa formada un año antes junto a otros militares. La sociedad tenía el nombre de Carlos Durán y Compañía Limitada y estaba especializada en seguridad.

Herman Julio Brady Roche fue procesado por la desaparición de varias de las personas detenidas el día del Golpe de Estado en La Moneda. Murió a comienzos de este año, tras pasar los últimos dos en estado vegetal.

JEFE DE JEFES

Lenin Guardia pudo haber tenido aciertos fortuitos. Datos como el de Ricardo Palma Salamanca que no le demandaron mayor esfuerzo. Pudo también haber mostrado un exceso de amateurismo, presa del nerviosismo y la ambición, como ocurrió en 2001 al ser sorprendido enviando cartas bombas para generar una sensación de inseguridad que perseguía ampliar su campo laboral. Pero también hay que reconocer que, en su mejor momento al menos, accedió a lo más alto y granado de su especialidad. Que había ahí un trabajo que demandaba esfuerzo y talento. No se explica de otra forma que sus buenos oficios llegaran tanto a la inteligencia del Ejército como a la comandancia del FPMR.

Sobre esto último hay evidencias consistentes en el testimonio judicial que entregó Krantz Bauer Donoso, comandante de la Brigada Azul de la CNI, especializada en el combate al FPMR. Bauer le contó al juez Carroza que en 1989, la CNI siguió los pasos de “un oficial de alta jerarquía en el FPMR, educado en una escuela militar en Cuba y compañero de Galvarino Apablaza”. Este alto oficial se reunió en el Tavelli de Providencia con una mujer que luego de una corta reunión partió a un segundo encuentro. “Cuatro cuadras más allá lo esperaba un auto bonito al cual se sube, y revisada la patente del vehículo su propietario resultó ser Lenin Guardia”, contó el ex jefe de la CNI.

El alto oficial del FPMR fue identificado por Bauer Donoso como Aníbal Maur Sibanik, “una persona tan importante como (Raúl) Pellegrin” dentro del FPMR y candidato a sucederlo cuando éste fue asesinado tras el asalto al cuartel Los Queñes, en 1988. Precisamente en los días posteriores a ese hecho, la CNI detectó la entrada a Chile de Maur, un ciudadano argentino nacido en 1950 a quien los servicios de inteligencia de la dictadura consideraban el cerebro en las sombras del FPMR. El jefe de jefes.

El mito pudo haber tenido su origen hacia fines de los ’70 en La Habana, cuando Maur Sibanik participó junto a Jacinto Nazar y otros dirigentes del Partido Comunista (PC) chileno en una discusión que impulsó la lucha armada contra la dictadura. Era uno de los oficiales más brillantes de su generación, hijo de un matemático de origen judío polaco que llegó a la Argentina arrancando del nazismo y en 1970, atraído por el ascenso de Allende al poder, se trasladó a Chile junto a su familia. Fue en este país, mientras estudiaba Ciencias en la Universidad de Chile, que Aníbal Maur Sibanik asomó como dirigente comunista. Más tarde, en el exilio en La Habana, fue uno de los primeros militantes del PC chileno en ingresar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Desde mediados de los ’80, tras un breve paso por Nicaragua, tuvo a su cargo la estructura de apoyo del FPMR en Buenos Aires. Tenía contacto permanente con la comandancia del FPMR, y en uno de esos contactos la CNI detectó su entrada al país y descubrió el vínculo con Lenin Guardia.

Aníbal Maur no puede corroborar el hecho. En 2000, mientras conducía un Mazda Miata descapotable por una carretera argentina, perdió el control y se mató. Sin embargo, su viuda confirma hoy que el jefe del FPMR en Argentina tuvo encuentros con el analista de inteligencia. Los tuvo al igual que algunos de los comandantes de la Dirección Nacional del FPMR encabezada por Galvarino Apablaza, artillero como Aníbal y uno de los más cercanos a este.

“Para Aníbal fue una sorpresa volver a verlo tiempo después en televisión”, cuenta la viuda de Maur Sibanik. “Mira, me comentó, ese tipo es el mismo con el que nos reuníamos (en el FPMR)”.

LA OPORTUNIDAD

La información sobre Guzmán que Lenin Guardia vendió al Ejército pudo haberla obtenido de primera fuente. Pero también, como dijo él a la justicia, pudo haberla recogida del gobierno de Aylwin, que unas semanas antes del asesinato de Jaime Guzmán recibió un informe de la Dirección de Inteligencia de Carabineros alertando del hecho. El informe estaba basado en el contenido de panfletos firmados por el FPMR que amenazaban con matar a Jaime Guzmán y Manuel Contreras.

En esas fechas, el FPMR tenía otros políticos en la mira a los que también espiaba sus rutinas. Francisco Javier Cuadra era uno de ellos, y en 2010, al reabrirse la investigación por la muerte del senador, aseguró haber sido alertado por el general (r) Jorge Ballerino del peligro que corría. Ese fue el primero de varios secretos de la transición que comenzaron a salir a luz. El segundo apunta a la responsabilidad de Pinochet en el asesinato de Jaime Guzmán.

Nadie aún ha podido explicar por qué el entonces comandante en jefe del ejército nunca advirtió a Jaime Guzmán del peligro que corría, pese a que se había comprometido a ello cuando el general Ramírez Rurange, jefe de la DINE, le confidenció el dato que trajo Lenin Guardia.

El asesinato de Guzmán ocurrió a la semana siguiente, pocos días después de que el Presidente Aylwin diera a conocer el Informe sobre Verdad y Reconciliación que sentaba una verdad histórica sobre las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Como terminarían por reconocer los propios dirigentes del FPMR, la muerte del senador UDI sólo podía favorecer a los intereses de un Ejército que demorará varios años en liberarse de la tutela de Pinochet.

 

EL CAPITAL  TOMO I I

CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA

CARLOS MARX

LIBRO SEGUNDO

Capítulo III

EL CICLO DEL CAPITAL-MERCANCIAS

Párrafo 31:

En P…P, P puede comenzar el nuevo ciclo con el mismo valor e incluso con menos, y, sin embargo, representar una reproducción en escala superior; por ejemplo, cuando ciertos elementos de las mercancías se abaraten al intensificarse la productividad del trabajo. Y, por el contrario, en el caso inverso, puede ocurrir que un capital productivo superior en cuanto a su valor represente una reproducción en una escala materialmente inferior; por ejemplo, cuando los elementos de producción se encarezcan. Y lo mismo en lo que se refiere a M`…M`   

– Página –84 —   El CAPITAL “TOMO I I” –Traducción de Wenceslao Roces – Primera edición en alemán tomo I — 1867- Primera edición en Español 1946- tercera reimpresión 2006 – Fondo De Cultura Económica México Comentarios y sugerencias : Editorial@fondodeculturaeconomica.com  en Chile a /httpmarxismo-cl/ o bien Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl o Twitter    Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl

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La cobardía de los uniformados chilenos en la “Operación Albania”

 “Los cobardes ahora lloran misericordia en sus cárceles de lujo y los medios promocionan la impunidad en un Chile desmemoriado”

http://prensaopal.cl/

Chile

Los mataron entre otoño e invierno, en la calle y en la oscuridad de una casa vacía. Cuando algunos pensaban que la perversidad de los asesinatos de Lonquén, los eternos desaparecimientos y el degollamiento de opositores no podrían ser igualados en horror, la dictadura organizó la Operación Albania, que realizó la masacre de Corpus Christi, el 15 y 16 de junio de 1987, donde fueron asesinados doce combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Allí se conjugaron todos los elementos que hicieron de la dictadura el epítome de la crueldad: el terror, la violencia, la tortura, la mentira, la traición. La operación de exterminio se desarrolló en cuatro puntos de la capital de Chile, en la calle Alhué de las Condes, en Varas Mena de San Joaquín, en la Villa Olímpica y en Pedro Donoso de Recoleta.

En el caso de la calle Pedro Donoso no hubo enfrentamiento, como lo informaron los medios de comunicación controlados por la dictadura, sino que un burdo montaje para encubrir un crimen atroz.

Ello siempre se supo, ratificado ahora por las declaraciones de los propios agentes participantes en la masacre de Corpus Christi. El capitán de Carabineros, Iván Quiroz, recuerda nítidamente el montaje, porque estaba presente cuando “se ordenó que se fuera a buscar armas distintas a las de servicio de la CNI para montar un enfrentamiento, y así presentarlo”. Y la orden la dio Alvaro Corbalán, quien también ordenó que se ejecutara a los siete integrantes del FPMR que habían llevado a la casa de la calle Pedro Donoso. Así murieron, indefensos, Esther Cabrera, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, Manuel Valencia, Ricardo Silva, Ricardo Rivera y José Valenzuela.

La historia de la Operación Albania no es una más de los años ‘80, no es una más
que relata la muerte de frentistas, es la historia de un montaje planificado, en
donde agentes de la Central Nacional de Informaciones en conjunto con medios
de comunicación oficialistas se confabularon para dar un testimonio falso a la
sociedad. Los familiares no sólo debieron reponerse a las muertes de sus seres
queridos. Por más de una década debieron batallar con la justicia para demostrar
que los frentistas no fallecieron producto de enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad, si no que fueron brutalmente asesinados por la dictadura militar.

Texto: Nicole Vergara Domínguez

https://www.facebook.com/prensaopal/photos/a.1361741080581834.1073742155.366526483436637/1361741407248468/?type=3

Los miembros del FPMR que fueron detenidos, torturados y posteriormente trasladados a una casa en la calle Pedro Donoso, de la comuna de Recoleta, en Santiago, fueron asesinados por los oficiales de ejército Hernán Miquel, Aníbal Rodríguez, Iván Cifuentes, Rodrigo Pérez, Eric Silva y los detectives de Investigaciones Gonzalo Maas y Hugo Guzmán. En el asesinato de Julio Silva, en la Villa Olímpica de la capital participó, entre otros, el capitán de ejército Luis Arturo Sanhueza. El capitán Sanhueza, que utilizaba la chapa de Ramiro Droguett, era miembro de la Brigada Verde de la CNI, encargada de la represión contra el FPMR y el Partido Comunista, y también participó en el secuestro y ulterior asesinato de cinco jóvenes en septiembre de 1987, en venganza por el secuestro del coronel Carlos Carreño.

Tampoco hubo enfrentamiento en la calle Alhué, en la comuna de Las Condes, donde fue asesinado por la espalda Ignacio Valenzuela. O en la esquina del Pasaje Moscú, en la comuna de San Miguel, donde fue acribillado Patricio Acosta y en la Villa Olímpica, donde mataron a Julio Guerra. Fueron centenares los agentes de las brigadas de la CNI, de Investigaciones y de la Unidad Antiterrorista, integrada por comandos de élite que respondía directamente a Pinochet, que participaron en los operativos los días 15 y 16 de junio de 1987

Fueron todas cobardes ejecuciones, excepto en el caso de la calle Varas Mena, en San Miguel, donde la CNI atacó la casa donde se realizaba una escuela del Frente. Allí, cubriendo el escape de muchos de los rodriguistas, murieron combatiendo Juan Henríquez Araya y Wilson Henríquez Gallegos. Eran todos jóvenes, todos revolucionarios, todos combatientes anti dictatoriales.(1)

El 28 de enero de 2005 el ministro en visita Hugo Dolmestch condenó en primera instancia a cadena perpetua al ex director de la CNI Hugo Salas Wenzel, por los asesinatos cometidos en el marco de la llamada Operación Albania. Asimismo, sentenció a quince años de prisión al ex jefe operativo de ese disuelto organismo Álvaro Corbalán, y a diez años al ex oficial deCarabineros Iván Quiroz, quien fue pieza clave de esta operación. Este último permaneció prófugo de la justicia desde el momento de conocerse el fallo de última instancia, en septiembre de 2007, siendo apresado por la policía el día23 de enero de 2008 en Concepción, e ingresado al día siguiente en la Cárcel de Punta Peuco.

En el fallo dictado por el ministro en visita se señaló que Salas Wenzel fue condenado a la pena de presidio perpetuo como co-autor de los delitos de homicidio simple de los doce frentistas muertos en junio de 1987.(2)

 

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LIBRO SEGUNDO

Capítulo III

EL CICLO DEL CAPITAL-MERCANCIAS

Párrafo 30:

D…D` lleva implícita una posible ampliación del ciclo, según el volumen del d que entre en el ciclo renovado.

– Página –84 —   El CAPITAL “TOMO I I” –Traducción de Wenceslao Roces – Primera edición en alemán tomo I — 1867- Primera edición en Español 1946- tercera reimpresión 2006 – Fondo De Cultura Económica México Comentarios y sugerencias : Editorial@fondodeculturaeconomica.com  en Chile a /httpmarxismo-cl/ o bien Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl o Twitter    Amador Ibañez ‏ @marxismo_cl

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